El Concejo de Bogotá ha encendido una nueva polémica con la aprobación en primer debate del Proyecto de Acuerdo 340, el cual propone una ruta integral de atención para mujeres gestantes, lactantes y en posparto. Aunque presentado bajo el argumento del acompañamiento psicosocial, el texto incluye disposiciones que podrían transformar el actual modelo de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la capital.
La iniciativa, promovida por la concejal Clara Lucía Sandoval (Partido Liberal), plantea como medida obligatoria la realización de una valoración en salud mental antes de acceder a un aborto legal. También contempla la capacitación de funcionarios para promover “alternativas a la IVE”, lo que ha generado preocupación entre organizaciones feministas y defensoras de derechos sexuales y reproductivos.
“Crea obstáculos injustificados”: rechazo desde colectivos sociales
Diversas plataformas han expresado su rechazo a la propuesta, al considerarla un riesgo para los derechos ya conquistados por las mujeres. La Mesa por la Vida, una de las voces más activas en la defensa de la IVE, afirmó que el proyecto “crea obstáculos injustificados, desconoce la normatividad nacional vigente y abre la puerta a nuevas trabas para acceder a la IVE”.
Por su parte, Cristina Rosero, abogada e integrante del movimiento Causa Justa, explicó a El Colombiano que este tipo de medidas “pueden generar barreras de acceso”. Según Rosero, muchas veces “los funcionarios de la salud no están de acuerdo con el aborto y terminan en prácticas de disuasión para que las mujeres no accedan al procedimiento”.
También advirtió que, si bien el acompañamiento psicológico puede ser útil, debe ofrecerse de forma voluntaria. “Si la usuaria lo solicita, debe proveerse, pero no puede convertirse en una barrera o condicionamiento. El riesgo es que, bajo el amparo de este acuerdo, se trasladen a la atención en salud los estigmas de los funcionarios”, señaló.
Normativa nacional y jurisprudencia: el marco legal vigente
En Colombia, el aborto es legal sin restricciones hasta la semana 24, según la sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional. A partir de ese punto, se permite únicamente en tres causales: riesgo para la salud o vida de la mujer, malformación del feto incompatible con la vida, o violación.
El alto tribunal ha sido enfático en que no deben imponerse requisitos adicionales ni se pueden establecer nuevas barreras administrativas que dificulten el acceso al procedimiento. La Resolución 051 de 2023 ya regula la atención materno-perinatal y contempla sesiones informativas, sin condicionar la IVE a valoraciones previas.
Debate político y futuro del proyecto
El trámite del Proyecto 340 ha estado acompañado de controversias dentro del Concejo. Durante la sesión del 9 de septiembre se debatieron recusaciones contra la autora del proyecto, Clara Lucía Sandoval, y el concejal Marco Fidel Acosta, por sus posturas frente al aborto. Aunque ambas fueron rechazadas, aún queda una recusación activa basada en presuntos conceptos emitidos fuera del proceso legislativo.
En consecuencia, Sandoval anunció que no dará declaraciones fuera de las sesiones oficiales, según información entregada por su equipo a El Colombiano.
La discusión final del proyecto quedó programada para noviembre de 2025. En caso de ser aprobado por la plenaria, el texto pasaría a sanción del alcalde Carlos Fernando Galán, quien tendría la última palabra sobre su implementación.
Preocupación por mujeres en situación de vulnerabilidad
Organizaciones sociales han advertido que las barreras existentes ya son numerosas, especialmente en zonas rurales o sectores con limitaciones económicas. Agregar nuevas exigencias, como una valoración psicológica obligatoria, podría agravar aún más las desigualdades en el acceso al aborto seguro y oportuno.
Para estos colectivos, lo que está en juego no es solo una discusión técnica o procedimental, sino la garantía plena del derecho a decidir en condiciones de dignidad y sin interferencias indebidas.