Han pasado más de veinte años desde que una recicladora de asfalto de 20 toneladas se volcó sobre un bus escolar del Colegio Agustiniano Norte, causando la muerte de 23 personas, entre ellas 21 estudiantes. Lo que en su momento pareció un accidente inexplicable ha sido, finalmente, reconocido judicialmente como consecuencia de omisiones institucionales y fallos graves en la ejecución de una obra pública.
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El Consejo de Estado confirmó recientemente que la tragedia ocurrida el 28 de abril de 2004 en la Avenida Suba, a la altura de la calle 138, no fue fortuita, sino resultado de decisiones irresponsables y falta de vigilancia.
Una cadena de errores evitables
Según la providencia, con ponencia del magistrado Nicolás Yepes Corrales, el consorcio contratista movilizó la maquinaria “de forma autopropulsada”, a pesar de que su peso y dimensiones requerían un transporte especial en camión de plataforma baja, autorizado por la Secretaría de Tránsito. “Ninguno de esos requisitos se cumplió”, concluyó el alto tribunal.
La decisión también responsabiliza al Consorcio Interventoría Suba II, al determinar que no ejerció las funciones de control necesarias. Su deber era velar por que las obras cumplieran normas de tránsito y seguridad, pero omitió actuar incluso después de un accidente previo ocurrido el 2 de abril de ese mismo año, cuando otra máquina del mismo contratista derribó un puente peatonal, causando la muerte de una persona.
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Por su parte, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) fue hallado culpable por “culpa in vigilando”, es decir, por no ejercer vigilancia adecuada pese a ser la entidad responsable del control de las obras, aún si estas estuvieran concesionadas.
Reconocimiento tardío a las víctimas
El Consejo de Estado modificó el fallo de primera instancia para actualizar los montos de indemnización. La Orden de Agustinos Descalzos, titular del colegio afectado, recibirá $1.975.122 por gastos derivados del accidente (como grúa y parqueadero del vehículo destruido) y $77.463.858 por lucro cesante, cifra que corresponde al valor de las pensiones escolares dejadas de recibir en lo que restaba del año académico 2004.
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La petición para reponer el bus fue rechazada, ya que se trataba de un modelo 1984 cuyo valor ya había sido cubierto por la aseguradora.
El tribunal exoneró de responsabilidad a la Secretaría de Tránsito y a TransMilenio S.A., al concluir que no tenían una relación directa con la operación de la maquinaria involucrada.
Una herida que sigue abierta
El fallo, aunque emitido dos décadas después, es considerado por las familias como un paso hacia la justicia. Para muchos, se trata del primer reconocimiento oficial de que la pérdida de estos 21 menores fue producto de negligencia y no del azar.
“La tragedia no fue un hecho inevitable, sino el resultado de una cadena de omisiones”, sostiene la sentencia, reafirmando lo que durante años han denunciado sobrevivientes y allegados a las víctimas.
Aquel 28 de abril no solo terminó con vidas inocentes, sino que marcó un antes y un después en la conciencia colectiva de una ciudad. La justicia, aunque tardía, empieza a saldar una deuda con los llamados “21 ángeles del Agustiniano”.