La influenciadora Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, fue trasladada de la Cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de Bogotá, luego de una solicitud de su abogado, Francisco Bernate. La joven, condenada a 5 años y 2 meses de prisión por la destrucción de una estación de TransMilenio durante las manifestaciones de 2019, enfrentaba serios problemas de seguridad y dificultades para acceder a atención médica.
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El abogado explicó que no fue un juez quien autorizó la medida, sino el propio Ministerio de Justicia y el Inpec, tras una investigación interna que determinó los riesgos que corría la empresaria. Posteriormente, el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección de Centros de Reclusión Militar, dispuso un cupo en la Escuela de Carabineros, donde ahora permanece recluida.
Tras denuncias de amenazas, el Ministerio de Justicia reubicó a la influenciadora Epa Colombia
En diálogo con el medio Blu Radio, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aclaró que la decisión se tomó estrictamente por motivos de seguridad. “Los abogados de Epa Colombia desde hace semanas habían solicitado el traslado alegando amenazas contra su vida e integridad. Estos traslados son frecuentes cuando existe riesgo inminente y no son exclusivos de figuras públicas”, explicó.
Montealegre también rechazó las críticas que señalan un supuesto “trato preferencial” o incluso un caso de “machismo judicial”. Según el funcionario, este último concepto hace referencia a expresiones de violencia en el sistema de justicia, como comentarios despectivos o menosprecio, pero en el caso de Barrera, la motivación central fue la protección de su seguridad.
El ministro aprovechó la oportunidad para denunciar problemas estructurales del sistema penitenciario colombiano, como la presencia de cerca de 20.000 personas privadas de la libertad en estaciones de policía por falta de cupos en las cárceles.
Asimismo, Montealegre cuestionó la política criminal vigente y el llamado “populismo punitivo”, que en su concepto ha generado sanciones desproporcionadas. “La condena que se le impuso a Epa Colombia es supremamente alta, no se corresponde con la gravedad de los hechos y refleja una política punitivista de décadas”, afirmó.
El caso de la influenciadora ha reavivado el debate sobre la proporcionalidad de las penas y la necesidad de una reforma estructural del sistema penitenciario, que permita priorizar la seguridad de los internos y al mismo tiempo garantizar la justicia sin caer en excesos.