La Cancillería de Colombia y el Ministerio de Justicia emitieron un comunicado oficial en el que solicitaron al Gobierno de Nicaragua reconsiderar la decisión de otorgar asilo político a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), investigado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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El exfuncionario, de 66 años, tiene vigente una orden de captura en Colombia por su presunta participación en el desvío de recursos públicos que habrían sido usados para pagar coimas a congresistas, con el fin de garantizar apoyo a proyectos legislativos del Gobierno.
Gobierno colombiano insiste en extradición de González, implicado en caso Ungrd
En el comunicado, las autoridades recordaron que González enfrenta un proceso penal en el país por delitos comunes, lo que invalida el otorgamiento de asilo bajo los marcos internacionales. Además, señalaron que esta decisión desconoce lo establecido en el Tratado de Extradición de 1929 suscrito entre Colombia y Nicaragua.
El Gobierno colombiano insistió en que existen pruebas suficientes aportadas por la Fiscalía General de la Nación, por lo que pidió revocar la protección internacional concedida al exdirector del Dapre y permitir que comparezca ante la justicia colombiana, con todas las garantías procesales.
La solicitud de extradición fue presentada previamente por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien recordó que González viajó a Nicaragua en noviembre de 2024 y renovó su residencia en ese país, a pesar de que ya estaba vinculado a la investigación. Testimonios recogidos por la Fiscalía lo señalan como uno de los articuladores de la estrategia para comprar apoyo en el Congreso, lo que lo convirtió en pieza clave dentro del escándalo.
Incluso, el presidente Gustavo Petro había publicado en sus redes sociales la solicitud enviada por la Embajada de Colombia en Managua, en la que se pedía la extradición del exfuncionario, resaltando que debía responder ante la justicia por los delitos que se le imputan.
Sin embargo, el Gobierno de Nicaragua negó la solicitud este miércoles, lo que provocó un fuerte rechazo en Bogotá. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión como un gesto “inamistoso y agresivo” hacia Colombia.
La Fiscalía imputó a González los delitos de cohecho, apropiación indebida de bienes del Estado y lavado de activos. Parte de los recursos desviados provenían de un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua a comunidades en La Guajira, que nunca recibieron el beneficio.