Un video inédito, revelado el domingo 3 de agosto por la Unidad Investigativa del medio Noticias Caracol, expone un intento de soborno dirigido a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La grabación, realizada el 31 de julio de 2024 en un salón privado del Hotel Double Tree by Hilton en Bogotá, muestra al exsubdirector de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, y al abogado Édgar Riveros ofreciendo 13.000 millones de pesos a cambio del silencio de los testigos clave en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro.
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El encuentro, de aproximadamente dos horas, fue parte de un operativo encubierto avalado por la Fiscalía, luego de que, cinco días antes, el 26 de julio, Pinilla y su abogado Gustavo Moreno denunciaran el intento de soborno. A partir de ese momento, el ente acusador diseñó una estrategia para documentar el delito. Moreno fue acreditado como agente encubierto, bajo el código 84A529, y grabó la conversación con micrófonos y cámaras ocultas.
13.000 millones por el silencio: así intentaron encubrir el mayor escándalo del gobierno Petro
La propuesta de soborno se basaba en extraer un 5 % de contratos por 100.000 millones de pesos amarrados en La Guajira, que incluían obras como plantas desalinizadoras y pozos. En la conversación, Édgar Riveros detalló: “Serían como 3.000 millones”, dejando claro que el dinero se entregaría si los exfuncionarios se retractaban de sus confesiones ante la justicia.
Durante el diálogo, también surgieron referencias a César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, señalado como beneficiario de estos contratos. Según los implicados, Manrique habría recibido 3.000 millones de pesos provenientes del mismo entramado de corrupción. Barreto, ficha de Manrique en la UNGRD, mencionó que debía “jugar inteligentemente” para proteger a su jefe político.
El video deja ver cómo los sobornadores intentaban generar confianza. Barreto se dirigió a Pinilla diciendo: “Yo nunca tuve ningún inconveniente con sumercé”. A su vez, Pinilla respondió: “Yo lo menos que quiero es generar más enemigos... no es fácil pelear contra el Gobierno”.
Riveros también confesó su pasado judicial, mencionando que apareció en el computador del jefe paramilitar Jorge 40, pero que “amigos políticos” lo ayudaron a salir del proceso. Luego explicó que los contratos en La Guajira estaban congelados por orden del actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y que eso afectaba los intereses económicos de varios involucrados.
Con la intención de evitar que Pinilla siguiera revelando información, Riveros propuso: “Sacamos esos 100 mil del tema jurídico y les giramos lo de las plantas... un 5 % para ustedes porque van a necesitar recursos”. Pinilla, actuando bajo las instrucciones de la Fiscalía, exigió claridad: “¿Serían 3.000 millones?”.
La conversación también incluyó una estrategia para alinear versiones ante la justicia. Barreto llegó a decir que, si el plan tenía éxito, buscaría “victimizarse” y aspirar a ser nombrado en otro cargo público antes de que termine el gobierno. “Yo puedo victimizarme un poco y aprovechar los dos años que quedan”, afirmó.
El operativo incluyó la instalación de una cámara escondida en un bafle, ubicada al lado de unas materas en el salón del hotel. Todo fue monitoreado en tiempo real por agentes del CTI. La evidencia obtenida fue clave para que la Fiscalía capturara el 5 de septiembre de 2024 a Barreto y Riveros.
Luis Carlos Barreto aceptó los cargos por soborno y firmó un principio de oportunidad, lo que le permitió convertirse en testigo contra César Manrique, hoy procesado por peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir. Riveros, por su parte, admitió su responsabilidad mediante un preacuerdo y permanece detenido en la cárcel La Modelo, a la espera de su sentencia.
El video, ahora en poder de la Fiscalía, confirma los esfuerzos por obstruir la justicia en el caso más emblemático de corrupción en el actual Gobierno. Aunque las confesiones de López y Pinilla ya habían develado parte de la red de irregularidades, fue este intento de soborno lo que aceleró la judicialización de actores que, hasta ese momento, no habían sido tocados por la justicia.
Este nuevo material refuerza las críticas ciudadanas frente a la lentitud en la reacción del Estado ante los hechos denunciados desde hace más de un año. Además, evidencia cómo sectores de la política y antiguos funcionarios intentaron mantener intacto el sistema de contratación amañada al interior de la UNGRD.