La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá con el objetivo de frenar la medida de detención domiciliaria dictada el pasado 1 de agosto por la juez Sandra Heredia, quien emitió una condena de 12 años, en primera instancia, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La togada ordenó que la sentencia se aplicara de forma inmediata, lo que implicaría que el exmandatario cumpla la pena en su residencia en Rionegro, Antioquia.
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En respuesta, los abogados del expresidente aseguraron que presentarán un recurso de apelación, el cual debe ser radicado antes del 13 de agosto. Mientras tanto, decidieron activar una vía paralela al radicar una tutela alegando la vulneración de los derechos fundamentales de su defendido, en especial el derecho a la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal.
Abogados de Uribe alegan violación de derechos fundamentales y cuestionan legalidad de su detención
Según el documento, ordenar la privación de la libertad de Uribe antes de que la condena esté en firme representa una decisión arbitraria y una violación al principio de presunción de inocencia. La defensa argumenta que la jueza incurrió en vicios de motivación al justificar la medida bajo la premisa de prevenir futuros delitos, lo que, según los juristas, convierte la detención en una forma de pena anticipada.
“El fallo afirma que la detención busca evitar que se cometan otros delitos a través de la disuasión y la intimidación, pero eso es propio de la pena, no de una medida cautelar”, indicaron los abogados. Añadieron que, bajo esa lógica, se presume la culpabilidad del acusado sin que haya una sentencia definitiva, lo cual representa una grave afectación a sus garantías constitucionales.
La defensa también advirtió que, al momento de presentar la tutela, no se había formalizado completamente la detención, aunque su ejecución es inminente. El equipo legal considera que la única vía jurídica adecuada es el amparo constitucional, que garantice los derechos fundamentales de Uribe.
El proceso tiene una fecha crítica: el 16 de octubre de 2025, cuando prescribiría la acción penal. Antes de esa fecha, el Tribunal deberá emitir un fallo de segunda instancia. De persistir el desacuerdo, la última opción sería un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que evaluaría la conformidad del fallo con la Constitución, la ley y la técnica procesal.