Colombia vive una alta expectativa ante la lectura de la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se conocerá este viernes 1 de agosto. La jueza Sandra Liliana Heredia anunciará su decisión en una audiencia programada para las 2:00 p.m., en el marco de un caso por soborno en actuación penal y fraude procesal.
El fallo en primera instancia podría derivar en una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel, aunque la Fiscalía, en cabeza de la fiscal Marlene Orjuela, solicitó nueve años de prisión y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a 1.458 millones de pesos colombianos (unos 349.000 dólares). La jueza ha señalado que Uribe podría hacerse merecedor de prisión domiciliaria, dada su actitud procesal y su “gallardía y cordialidad”, según expresó en la audiencia del pasado lunes.
Expectativa en Colombia por la sentencia contra Álvaro Uribe: defensa apelará el 11 de agosto
La defensa del exmandatario ya anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá el próximo 11 de agosto, dentro del plazo legal de cinco días hábiles. El abogado Jaime Granados, líder del equipo jurídico de Uribe, explicó que la apelación será contra la sentencia y no contra el sentido del fallo, y que el Tribunal deberá pronunciarse a más tardar el 16 de octubre.
Tensión internacional y críticas desde EE. UU.
El caso ha generado una fuerte controversia internacional. El senador republicano y secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en su cuenta de X que “el único ‘delito’ del expresidente colombiano Uribe fue luchar incansablemente y defender su patria”, y denunció una supuesta “instrumentalización del poder judicial” por parte de jueces radicales.
A sus declaraciones se sumaron otros congresistas republicanos de Estados Unidos, como María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, quienes calificaron el fallo como una “infamia”. Salazar incluso afirmó que “hoy no se hizo justicia en Colombia”.
Reacción del Gobierno y defensa de la independencia judicial
El presidente Gustavo Petro respondió con firmeza, rechazando lo que consideró una intromisión en asuntos judiciales de otro país y una falta de respeto a la soberanía nacional. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a las injerencias indebidas y defendió la autonomía judicial.
Por su parte, las víctimas acreditadas en el proceso, encabezadas por el senador Iván Cepeda Castro, elevaron una alerta ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando las “presiones externas” desde Estados Unidos, que podrían poner en riesgo el debido proceso, la independencia judicial y el equilibrio institucional del Estado colombiano.
La Corte advirtió que este tipo de críticas erosionan la credibilidad de la justicia y pueden incluso poner en riesgo la vida e integridad de los jueces encargados del caso. Así, el país se prepara para un fallo trascendental en medio de un debate que trasciende fronteras y pone a prueba las instituciones democráticas.