El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó este sábado su inconformidad por la reciente deportación masiva de ciudadanos colombianos privados de la libertad en Ecuador. El mandatario calificó la decisión del país vecino como un gesto de “desdén” y llamó a fortalecer los lazos históricos entre ambas naciones.
“Ecuador nos responde con desdén. No está bien; la patria de Manuelita Sáenz puede acercar y no alejar”, escribió el jefe de Estado, haciendo alusión al valor de la integración regional y al legado compartido.
Tensión diplomática entre Colombia y Ecuador por deportación de 1.000 presos colombianos
La Aeronáutica Civil de Ecuador informó que serán 1.000 los presos deportados a Colombia. El proceso inició el pasado 21 de julio, y hasta el momento, 450 personas ya habrían sido recibidas en la frontera por las autoridades colombianas. El Ministerio del Interior de Ecuador aseguró que la medida forma parte de su compromiso con la seguridad interna y el orden público.
El mandatario colombiano también retomó el ideario integracionista de Simón Bolívar, al afirmar que el proyecto grancolombiano —que podría renombrarse como Amazonía— es el “corazón vital del mundo” y que “no debe dividirse”.
Según el Gobierno ecuatoriano, durante julio se instalaron unas 1.000 audiencias individualizadas para reos colombianos como parte de un proceso administrativo de deportación, respaldado por un acuerdo ministerial firmado el 2 de julio. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) gestionó su presentación ante jueces, quienes emitieron las resoluciones en menos de 24 horas, seguidas por las boletas de excarcelación y posterior traslado por el Puente Internacional de Rumichaca.
El proceso, aseguran desde Quito, se desarrolla bajo protocolos estrictos de seguridad, con respeto a los derechos humanos y reserva de información. Sin embargo, Colombia protestó enérgicamente por lo que calificó como una acción “unilateral e inamistosa”, denunciando que se hizo sin diseñar un protocolo adecuado para garantizar un traslado digno.
La Cancillería colombiana aseguró que la medida impidió la verificación jurídica de los deportados y violó principios del Derecho Internacional, como la prohibición de deportaciones colectivas. Por su parte, Ecuador negó que se tratara de un proceso colectivo, alegando que cada caso tuvo su resolución individual, debidamente motivada y comunicada al Consulado de Colombia en Quito desde el 8 de julio.
El traslado de los 1.000 reclusos colombianos finalizará este miércoles, mientras crece la tensión diplomática entre los dos países.