Ante el clima de tensión política y de seguridad en Colombia, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), confirmó que se han entregado esquemas de seguridad a 52 precandidatos presidenciales. Esta decisión se ha tomado en respuesta a las reiteradas solicitudes de la oposición y a las discusiones sostenidas en el Comité de Seguimiento Electoral, luego del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio.
Rodríguez señaló que estas medidas se han tramitado con celeridad, priorizando la protección de los aspirantes a la Presidencia y reafirmó que la entidad actuó conforme a la ley en el caso de Uribe Turbay, miembro del partido Centro Democrático. Sin embargo, los abogados del senador han interpuesto acciones legales contra la UNP, alegando presuntas irregularidades en su esquema de seguridad.
Además, el director de la UNP desmintió públicamente que exguerrilleros formen parte del equipo de protección del senador Jota Pe Hernández, como se había rumorado. Aclaró que los firmantes del acuerdo de paz que prestan servicios de protección están asignados exclusivamente a custodiar a otros firmantes, a través de la subdirección especializada de la entidad.
En otro frente, aunque se ha descartado un plan concreto contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la UNP no descarta reforzar su esquema de seguridad ante la creciente inseguridad en la capital.
En medio de este ambiente de zozobra, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aclaró en entrevista con Recap Blu que los responsables del atentado contra Miguel Uribe no podrán acceder a los beneficios del proyecto de ley de sometimiento que impulsa el Gobierno. Señaló que, de acuerdo con la investigación, el ataque fue ordenado por alias ‘Zarco Aldinever’, un disidente de la Segunda Marquetalia, lo cual los excluye automáticamente de cualquier proceso de justicia transicional.
“El Gobierno tiene la llave para decidir quién accede a estos beneficios, y solo lo hará con quienes demuestren voluntad real de paz. En este caso, eso no ocurre”, declaró Montealegre.
El ministro también se refirió a las condiciones para que organizaciones criminales como el Clan del Golfo puedan acogerse al proceso de sometimiento. Según explicó, cualquier grupo que aspire a este beneficio debe cesar por completo todas sus actividades delictivas.
“Los acuerdos no pueden ser individuales. Si un grupo desea entrar al proceso, debe comprometerse al desmantelamiento total de sus estructuras. Esto incluye el abandono de la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión y el secuestro”, enfatizó Montealegre.
Finalmente, el ministro defendió el modelo de justicia negociada como una alternativa real frente a la guerra prolongada. Aseguró que este sistema se inspira en el modelo de justicia premial utilizado en Estados Unidos, donde los delincuentes que colaboran eficazmente reciben beneficios judiciales. “No estamos improvisando. Se trata de una herramienta probada para alcanzar una paz duradera”, concluyó.