La Personería de Bogotá ha puesto la lupa sobre el sector de los parqueaderos en la ciudad, tras recibir múltiples quejas ciudadanas por irregularidades en la prestación del servicio. Los operativos adelantados por la entidad han confirmado el incumplimiento de la normativa vigente en varios establecimientos, lo que se traduce en afectaciones directas al bolsillo de los usuarios.
Uno de los hallazgos más relevantes, según lo expuesto por el personero Andrés Castro, es el cobro de tarifas injustificadas y fuera del marco legal. Un ejemplo claro se evidenció en Fontibón, donde el parqueadero de un centro comercial estaba cobrando el máximo permitido por la norma, $191 por minuto, a pesar de no contar con la infraestructura (estructura en altura o subterránea) que exige la ley para aplicar dicho valor. Tras la intervención de la Personería, el establecimiento reconoció la irregularidad y se vio obligado a reducir su tarifa a $100 por minuto.
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Pero los problemas no se limitan solo a las tarifas. La Personería también encontró que muchos de estos parqueaderos operan sin cumplir con la normativa en materia de infraestructura. “Algunos están operando sin la documentación habilitante, como pólizas, y sin cumplir con los requisitos técnicos ni urbanísticos”, agregó Castro. Esto incluye no respetar las dimensiones reglamentarias para cada tipo de vehículo y la ausencia de espacios adecuados para personas con movilidad reducida, lo que constituye una clara vulneración a la normatividad vigente sobre accesibilidad y uso adecuado del espacio público.
Falta de control y monitoreo en alcaldías locales y estaciones de servicio
La labor de la Personería no se detuvo en los parqueaderos. Durante visitas de inspección a diversas alcaldías locales como Chapinero, Fontibón, Usaquén, Bosa, Engativá, San Cristóbal, Barrios Unidos y Usme, se detectó una grave deficiencia en las labores de control. La entidad encontró que varias de estas alcaldías no han utilizado sus equipos de metrología legal desde el año 2019.
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Esta situación se debe, principalmente, a la falta de calibración de los equipos o a la carencia de personal debidamente capacitado para su manejo. Esta inoperatividad ha impedido que las alcaldías locales realicen las cruciales labores de inspección, vigilancia y control (IVC) sobre, por ejemplo, las estaciones de servicio. La falta de estos controles genera una preocupación adicional sobre la correcta medición y cobro en otros servicios regulados, afectando la transparencia y la protección al consumidor en la capital.