El abogado Víctor Mosquera, representante legal del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, anunció que promoverá nuevas acciones jurídicas para que a Elder José Arteaga, conocido como alias ‘El Costeño’, se le impute también el delito de terrorismo. Según el jurista, la gravedad del atentado y su impacto en la esfera pública ameritan esa calificación penal adicional.
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Mosquera justificó su posición en “la naturaleza del ataque, su finalidad de intimidación política y los efectos negativos en el entorno democrático y social”. Aseguró que el atentado no solo puso en riesgo la vida del senador, sino que envió un mensaje que buscaba desestabilizar el ejercicio político en Colombia.
Solicitan nueva imputación por terrorismo en caso de atentado contra Miguel Uribe
El abogado también celebró que un juez haya legalizado la captura de ‘El Costeño’ y que se le impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario. Actualmente, la Fiscalía le imputa a Arteaga los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, así como el uso de menores para la comisión de delitos.
Pese a la contundencia de los elementos presentados por el ente acusador, Arteaga no aceptó los cargos. No obstante, fuentes cercanas al caso han indicado que existe la posibilidad de que el capturado colabore con las autoridades para identificar a otros implicados en el atentado.
Este proceso penal se desarrolla luego del ataque ocurrido el pasado 7 de junio, cuando Miguel Uribe Turbay fue baleado durante un acto político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. El senador fue impactado en la cabeza y las piernas, y desde entonces permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe, luchando por su vida.
Junto a ‘El Costeño’, han sido capturados otros presuntos responsables del atentado: Katerine Martínez Martínez, Carlos Eduardo Mora González, William Fernando González, y un menor de 14 años, quien sería el autor material de los disparos.
El caso ha generado un fuerte rechazo en la opinión pública y ha reabierto el debate sobre la seguridad de los líderes políticos y la infiltración de estructuras criminales en la esfera electoral. Las autoridades siguen adelante con la investigación para desmantelar por completo la red criminal detrás del atentado.