La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años a Erika Judith Pérez Romero, patrullera de la Policía Nacional, por un caso de abuso de autoridad que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales a comienzos de este año.
Para leer: Giro en caso de patrullera que habría muerto al caer de un quinto piso en Barranquilla
Según el organismo de control, los hechos ocurrieron durante un procedimiento de registro realizado en inmediaciones del humedal Juan Amarillo, en la localidad de Suba, en Bogotá, cuando la patrullera golpeó en el rostro con su bastón de dotación (tonfa) al ciudadano Juan Sebastián Nova, quien se encontraba grabando el procedimiento.
Patrullera golpeó con su bolillo a ciudadano en Bogotá: Procuraduría impone máxima sanción disciplinaria
“El Ministerio Público verificó que la uniformada abusó de su posición de autoridad al utilizar la fuerza de manera desproporcionada, infringiendo los límites legales de su función y vulnerando los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad”, señala el comunicado emitido por la Procuraduría. El golpe con el denominado “bolillo” fue calificado por la entidad como un uso indebido del arma de dotación.
El video, difundido ampliamente en enero de 2024, generó indignación en la opinión pública y motivó la apertura inmediata de una investigación disciplinaria. En las imágenes se observa a Nova cuestionando el procedimiento policial, cuando de forma repentina la patrullera lo agrede con el bastón. El ciudadano, que no oponía resistencia, captó con su teléfono el momento del ataque.
La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción determinó que la conducta de la patrullera era gravísima y actuó con dolo, es decir, con plena conciencia y voluntad del acto cometido. Por esta razón, impuso la máxima sanción disciplinaria, que implica la destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante una década.
Tras conocerse el video, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, exigió una investigación rigurosa: “Cero tolerancia frente a casos de abuso. He pedido a la Policía Metropolitana esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes. La seguridad de Bogotá se construye con base en el respeto de los derechos humanos y una relación respetuosa entre autoridades y ciudadanos”.
Galán reiteró que el Gobierno Distrital vigilará los procedimientos policiales y respaldará todas las acciones que permitan prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados.
El caso también reabrió el debate sobre el derecho de los ciudadanos a grabar procedimientos policiales. La Ley 1801 de 2016, en su artículo 21, garantiza este derecho, indicando que “todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio tecnológico” y que los agentes que impidan dichas grabaciones sin causa legal incurren en causal de mala conducta.
El caso de Juan Sebastián Nova se convirtió en un símbolo de denuncia sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía, especialmente en contextos en los que los ciudadanos ejercen su derecho a registrar los actos de la autoridad. La sanción impuesta a la patrullera Erika Pérez Romero marca un precedente en materia de responsabilidad disciplinaria y control institucional sobre el actuar policial.