El crecimiento acelerado del número de motociclistas en Bogotá ha traído consigo la proliferación de grupos y comunidades de moteros. Sin embargo, no todos se limitan a actividades recreativas. Uno de estos colectivos, denominado ‘Los Picaminosos’, ha encendido las alarmas de la Policía Metropolitana por su presunta interferencia en operativos contra el transporte ilegal.
Según denuncias y registros oficiales, algunos integrantes de esta agrupación estarían obstaculizando acciones de tránsito y seguridad lideradas por las autoridades, especialmente cuando se inmovilizan motos de domiciliarios o conductores de plataformas que no cumplen la normativa.
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“Ya hemos identificado al menos 15 eventos en los que miembros de esta organización han intervenido de manera violenta para impedir que los procedimientos se completen. Incluso han logrado bajar motos de las grúas”, señaló el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.
El accionar de ‘Los Picaminosos’ no es improvisado. En redes sociales como Facebook, donde cuentan con más de 52.000 miembros, detallan los requisitos para ingresar: una inscripción de $15.000 y cuotas mensuales. También han organizado una central de radio que opera 24/7 en turnos de ocho horas, desde la cual monitorean los movimientos de los operativos en tiempo real.
Aunque el grupo nació con la idea de brindar apoyo y protección a moteros que trabajan con aplicaciones de transporte, testimonios de exintegrantes revelan que con el tiempo se ha desviado ese propósito.
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“Era para proteger, no para interferir en la ley. Hoy ya no comparto sus métodos. No me gusta cómo algunos líderes tratan a los pilotos ni cómo se manejan las situaciones”, confesó un antiguo miembro del grupo a Noticias RCN.
Ante estos hechos, otros colectivos de moteros han rechazado públicamente el comportamiento de ‘Los Picaminosos’, advirtiendo que sus acciones manchan la imagen de un gremio que, en su mayoría, cumple la ley y depende de la moto como herramienta de trabajo o transporte personal.
Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando pruebas sobre el funcionamiento interno de este grupo y no descartan acciones legales si se confirma que están afectando el orden público o promoviendo la obstrucción de funciones oficiales.