Durante el consejo de ministros de este martes 27 de mayo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro dejó entrever la existencia de investigaciones en curso contra varios congresistas por presunta ocupación irregular de predios baldíos. El tema fue abordado en el contexto de la reforma agraria, uno de los pilares de la administración actual, y en vísperas del paro nacional convocado en rechazo a algunas de las reformas propuestas.
El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, presentó un listado con los nombres de ocho congresistas que estarían siendo investigados por haber acumulado indebidamente tierras que legalmente pertenecen a la Nación. Según Harman, estos parlamentarios enfrentan “procesos abiertos con identificación predial específica” por posibles casos de acumulación de baldíos.
Los senadores mencionados son: Marcos Daniel Pineda en Cereté, Córdoba; Liliana Esther Bitar en Ciénaga de Oro y San Carlos, Córdoba; Samy Merheg en Vichada y Valle del Cauca (todos del Partido Conservador); Lidio García Turbay en San Juan de Nepomuceno, Bolívar (del Partido Liberal); y familiares de Paloma Valencia en los departamentos de Vichada y Tolima (del Centro Democrático).
Desde la Cámara de Representantes, la lista incluye a Carlos Cuenca Chaux en Puerto Carreño, Vichada (Cambio Radical); Luis Eduardo Díaz Mateus en Cerrito, Santander (Partido Conservador); y Ana Paola García Soto en Buenavista, Córdoba (del Partido de la U).
Harman señaló que “al menos uno de cada tres congresistas tiene vínculos con temas de baldíos”, aunque aclaró que todos cuentan con “garantías procesales para explicar el origen de las tierras en cuestión”.
Además de los mencionados, en meses anteriores también el diario El Espectador relacionó a Wadith Manzur (Partido Conservador), Jorge Rodrigo Tovar Vélez (Curules de Paz), Wilmer Guerrero (Partido Liberal) y Óscar Villamizar (Centro Democrático) con casos similares.
La atención del Ejecutivo en estos procesos refleja la intención del Gobierno de acelerar la reforma agraria, uno de los compromisos del Acuerdo de Paz, y hacer frente a la acumulación indebida de tierras, fenómeno que ha obstaculizado históricamente el acceso equitativo a la propiedad rural en Colombia.