La Universidad Nacional de Colombia se encuentra en el centro de un debate complejo y doloroso tras la denuncia de abuso sexual presentada por una estudiante, quien señala como presunto agresor a un integrante de la minga indígena que permanecía en el campus universitario. Este hecho ocurrió durante la permanencia de alrededor de 20.000 miembros de comunidades indígenas en la sede Bogotá, como parte de las movilizaciones sociales convocadas por el presidente Gustavo Petro con ocasión del Día del Trabajo.
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La joven, integrante del medio alternativo La Avispa, narró que fue víctima de agresión sexual el 29 de abril mientras realizaba entrevistas periodísticas en la plaza del Che, donde miembros de la minga compartían espacios con estudiantes, algunos consumiendo bebidas alcohólicas.
“En ese momento, él me pidió que lo acompañara a ‘recoger algo’ en el parqueadero del edificio de Medicina. Pasábamos por la playita y, ni siquiera alcanzamos a llegar a medicina, cuando bruscamente me arrinconó contra el muro de farmacia donde me obligó a practicarle sexo oral”, relata la denunciante.
Crisis de convivencia en el campus: más de 15.000 personas no autorizadas ingresaron a la universidad
La denuncia ocurre en un contexto de tensión creciente. Aunque la Universidad Nacional solo autorizó el ingreso de 4.000 personas, el número real superó los 15.000, colapsando la logística, alterando las actividades académicas y generando alertas sobre la seguridad. Profesores y estudiantes denunciaron que no existían condiciones adecuadas para recibir a tantas personas sin afectar el funcionamiento institucional.
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La propia vicerrectora de la sede Bogotá confirmó que la universidad tuvo conocimiento de tres casos de violencia basada en género durante la permanencia de la minga, y que en uno de ellos, que involucraba a un indígena, se activó el protocolo institucional.
“Se conocieron tres casos de violencia basada en género, en uno de los cuales se activó el protocolo o ruta institucional. Dicho caso […] involucra a un integrante de la minga indígena”, dijo la funcionaria.
Contradicciones institucionales: reconocimiento del problema vs. balance “positivo”
Pese a la gravedad de las denuncias, la universidad destacó la presencia indígena como un “valioso ejercicio de intercambio de saberes”.
“Para la Unal, la experiencia fue positiva no solo desde el punto de vista logístico, sino también como un valioso ejercicio de intercambio de saberes”, indica el comunicado oficial.
El rector Leopoldo Múnera prometió seguimiento judicial en coordinación con la Defensoría del Pueblo, pero las declaraciones institucionales han generado críticas por presentar una narrativa celebratoria mientras las denuncias de agresión siguen sin resolverse públicamente.
“Haremos no solo el seguimiento, sino también el acompañamiento con la Defensoría del Pueblo, e incluso el acompañamiento judicial”, afirmó.
La víctima denunció lo ocurrido ante las autoridades de la minga y desde entonces ha evitado regresar al campus por razones de seguridad. En su relato, deja una frase que resume la angustia y el deseo de justicia:
“Deseo que nunca más nadie viva algo así”.