Tras la más reciente denuncia de presunto abuso sexual masivo en un jardín del ICBF en Bogotá, la madre de una de las menores, Margie Espinel, contó en diálogo con 6AM de Caracol Radio detalles de cómo este hombre habría abusado de los menores.
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“Mi niña tiene tres años, pero habla, se hace entender. Entre juego y juego, nos dijo: ‘Beso profe acá’, y se señaló la boca. Cuando indagamos más, nos contó que él también la tocaba en sus partes íntimas”, relató Espinel visiblemente afectada.
La madre de esta menor explicó que, de un momento a otro empezó a notar comportamientos extraños en su hija, por ejemplo, se orinaba en la cama, distanciamento y la negativa a volver al jardín. Ante esta situación decidió inmediatamente hablar con las autoridades pues la menor también mediante gestos explicó cómo el hombre la tocaba.
“Inmediatamente llamé a la Policía y activaron el código blanco. Mi hija fue hospitalizada y Medicina Legal corroboró el abuso”, afirmó.
Negligencia de las instituciones
Margie Espinel también denunció una grave negligencia por parte del jardín infantil donde ocurrieron los hechos. Según su testimonio, al informar sobre el presunto abuso, la coordinadora del plantel no solo minimizó la denuncia, sino que también protegió al profesor señalado. “El jardín sabía lo que pasaba, pero lo único que hicieron fue dudar de mi hija”, relató Espinel.
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Además, afirmó que la institución calificó el caso cómo “confuso” y defendió al docente argumentando su derecho a defenderse. De manera alarmante, incluso le entregaron sus datos personales al acusado para que pudiera denunciarla por agresión.
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Dos menores con VIH
La gravedad del caso se intensifica con la confirmación de siete abusos por parte de Medicina Legal, de un total de 12 denuncias presentadas ante la Fiscalía. Lo más preocupante, según han señalado los padres de familia, es que dos de los menores habrían dado positivo para VIH. “No es el caso de mi hija, pero otros niños sí fueron contagiados. ¿Cómo es posible que la institución no haya reaccionado a tiempo?”, cuestionó con indignación Margie Espinel.
Ante la presión social, el ICBF cerró temporalmente el jardín y anunció un cambio de operador, mientras la comunidad de Villa Javier se prepara para movilizarse y exigir justicia. A pesar de la gravedad de los hechos, aún no se ha emitido orden de captura contra el presunto agresor.
Penas por abuso sexual infantil en Colombia: lo que establece la ley
En Colombia, los delitos de abuso sexual contra menores están tipificados en el Código Penal y contemplan penas severas, especialmente cuando la víctima es menor de 14 años o se presentan agravantes cómo la transmisión de enfermedades de transmisión sexual.
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Según el artículo 208 del Código Penal, modificado por la Ley 1236 de 2008, quien acceda carnalmente a una persona menor de 14 años incurrirá en una pena de prisión de 12 a 20 años.
El artículo 209 establece que realizar actos sexuales distintos al acceso carnal con una persona menor de 14 años, o inducirla a prácticas sexuales, conlleva una pena de prisión de 9 a 13 años.
Agravantes que aumentan las penas
El artículo 211 del Código Penal indica que las penas pueden incrementarse entre una tercera parte y la mitad si se presentan circunstancias agravantes, cómo:
- Cuando el delito se comete con la participación de otras personas.
- Si el autor tiene una posición de autoridad o confianza sobre la víctima, cómo ser docente o cuidador.
- Si se produce la transmisión de una enfermedad de transmisión sexual.
- Cuando la víctima es menor de 14 años.
En noviembre de 2024, el Congreso de la República derogó una disposición que permitía a los abusadores sexuales de menores acceder a reducciones de hasta la mitad de sus penas mediante acuerdos con la Fiscalía. Esta decisión fue tomada en respuesta a la presión social y política generada por casos recientes de violencia contra menores.
Debate sobre la cadena perpetua
Aunque en 2020 se aprobó una reforma constitucional que permitía la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores, en 2021 la Corte Constitucional la declaró inconstitucional, argumentando que no existía evidencia de su eficacia en la prevención de estos delitos.
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Estas disposiciones legales reflejan el compromiso del Estado colombiano en la protección de los derechos de los niños y niñas, estableciendo sanciones severas para quienes cometan delitos sexuales en su contra.
