Yesica Paola Chávez tenía 26 años, era madre de un niño de apenas dos años, y dueña de un spa de uñas en el barrio Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. El martes 22 de abril, mientras trabajaba, fue víctima de feminicidio a manos de su expareja, un policía activo identificado como Andrés Julián Meza Ramírez.
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El crimen ocurrió al interior de la peluquería donde Yesica laboraba. El agresor ingresó al lugar vestido de civil pero con un casco de la Policía Nacional, y se dirigió directamente hacia ella. Según lo registrado por cámaras de seguridad del local, no hubo diálogo previo. El hombre sacó un arma de fuego oculta en su pantalón y disparó en repetidas ocasiones. Diez disparos al principio, luego recargó y volvió a accionar el arma. Finalmente, se disparó a sí mismo en la cabeza.
Yesica, oriunda de Chaparral (Tolima), era una mujer profesional, independiente y conocida en su comunidad por su emprendimiento. Su asesinato se produjo en presencia de compañeras de trabajo y clientes, quienes no pudieron hacer nada para evitar el ataque.
De acuerdo con información preliminar, el patrullero Meza Ramírez ya había sido reportado anteriormente por comportamientos agresivos. Tenía anotaciones por maltrato físico y verbal, con registros en 2019 y nuevamente en 2024. Además, testigos aseguraron que, en varias ocasiones, él había amenazado a Yesica con frases como: “si no era para él, no era para nadie”.
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El coronel Jhon Fernando Díaz, comandante operativo de seguridad ciudadana, lamentó el hecho y confirmó que se adelantan investigaciones internas para esclarecer lo ocurrido y revisar los antecedentes disciplinarios del uniformado.
El caso ha generado indignación en redes sociales y se suma a las alarmantes cifras de violencia de género que enfrenta el país. Colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos han pedido garantías efectivas de protección para las mujeres, así como una reforma en los mecanismos de control y seguimiento a miembros activos de la fuerza pública involucrados en casos de violencia doméstica.
Este feminicidio reaviva el debate sobre la falta de medidas preventivas para mujeres que han denunciado amenazas, y la necesidad urgente de una respuesta más contundente del Estado frente a la violencia machista.