La Defensoría del Pueblo ha emitido una alarma sobre la existencia de al menos once focos de emergencia humanitaria en Colombia, los cuales impactan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La situación humanitaria en el país, según la entidad, es grave y sigue empeorando debido a la intensificación del conflicto armado, que continúa afectando a la población civil con desplazamientos, confinamientos, homicidios y amenazas constantes de los grupos ilegales.
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“La situación humanitaria que estamos presenciando es alarmante. El conflicto armado sigue afectando gravemente a la población civil, con desplazamientos, confinamientos, homicidios y la constante amenaza de los grupos ilegales”, destacó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. Según un monitoreo realizado por la Defensoría, diez grupos armados ilegales están detrás de esta crisis, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el ‘Clan del Golfo’, las disidencias comandadas por alias ‘Mordisco’ y alias ‘Calarcá Córdoba’, y organizaciones criminales como los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’.
Defensoría del Pueblo reporta once focos de emergencia humanitaria en Colombia
Uno de los escenarios más críticos se vive en la subregión del San Juan, en Chocó, donde desde el 4 de febrero se han registrado enfrentamientos entre el ELN y el ‘Clan del Golfo’. “Por primera vez, tenemos reportes de la presencia de las disidencias al mando de alias ‘Mordisco’, quienes estarían actuando en alianza con el Clan del Golfo para enfrentar al ELN”, explicó Iris Marín Ortiz. Esta violencia ha agravado la situación en la región, donde el ELN ha anunciado un paro armado de 72 horas a partir del 18 de febrero, lo que ha generado un nuevo confinamiento de las comunidades debido a la prohibición de navegación en la zona. Además, la presencia de minas antipersona cerca de caseríos y escuelas pone en grave riesgo a la población.
Hasta el momento, al menos 1.600 personas han sido afectadas por los desplazamientos y confinamientos en Chocó, siendo especialmente preocupante la situación del pueblo Wounan, que enfrenta severas restricciones de movilidad y acceso a recursos básicos. En este contexto de violencia y crisis humanitaria, la Defensoría del Pueblo advierte sobre el expansionismo de los grupos armados ilegales. La institución ha documentado emergencias humanitarias en otras regiones del país como Nariño, Cauca, el Pacífico Vallecaucano, Antioquia, la Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo.
Según la Defensora del Pueblo, el 73% de los municipios del país están bajo la influencia de los grupos armados ilegales. En los últimos cinco años, estos grupos han logrado expandirse y fortalecer su accionar, lo que genera una preocupación creciente por la seguridad de las comunidades más vulnerables. Sin embargo, la Defensora remarcó que, aunque la situación es grave, no es irremediable.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales para que implementen acciones inmediatas que prioricen la protección de las comunidades afectadas, basándose en los diagnósticos de las alertas tempranas y las recomendaciones de las diversas instituciones del Estado. Además, solicita a la comunidad internacional que continúe y refuerce su apoyo a las iniciativas humanitarias y exija el respeto a los derechos de las personas y comunidades en riesgo.
Asimismo, la Defensora exigió a los grupos armados ilegales que respeten los derechos de la población y el derecho internacional humanitario, instándolos especialmente a no continuar instrumentalizando a las organizaciones y juntas de acción comunal para expandir su acción territorial. “Las poblaciones tienen derecho a su autonomía frente al poder arbitrario e ilegítimo de las armas”, afirmó Marín Ortiz, quien también hizo un llamado al Gobierno nacional para que continúe exigiendo el respeto al derecho humanitario en las mesas de conversación vigentes, especialmente en lo relacionado con la protección de la población civil y la liberación inmediata de niños, niñas y adolescentes reclutados por estos grupos.
“La violencia no puede seguir marcando el destino de nuestras comunidades. Las instituciones del Estado tienen la capacidad para hacerle frente a esta crisis y garantizar la presencia integral del Estado de Derecho en los territorios”, concluyó Iris Marín Ortiz. La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y continuará denunciando esta crisis, exigiendo respuestas efectivas y acompañando a las comunidades que hoy padecen las consecuencias del conflicto armado.