La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Irben Adrián Romero Piñago y Octavio Obrehayan Rodríguez Esquivel, acusados de ser los responsables del asesinato del patrullero Heiner Yoel Loaiza Colo, ocurrido el pasado 6 de julio en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.
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Heiner Yoel Loaiza Colo, un joven patrullero de la Policía Nacional, perdió la vida durante una persecución a delincuentes que habían perpetrado un robo en el sur de Bogotá. Originario de Ibagué, Tolima, Loaiza Colo, de 28 años, había dejado su ciudad natal junto a su familia y se mudaron a la capital del país. Inició su carrera en la Policía en 2015 como auxiliar y en 2018 ascendió a patrullero.
La mayor parte del servicio de Loaiza Colo lo desempeñó en el departamento de Caquetá, específicamente en Solita, un pequeño municipio con 15,000 habitantes en el suroccidente de la región. A principios de este año, el patrullero había sido trasladado a Bogotá para unirse a la Policía Metropolitana. Su asignación fue en el CAI del barrio Ismael Perdomo, en la localidad de Ciudad Bolívar.
Según las pruebas recopiladas por la Fiscalía, varios agentes de la Policía Nacional respondieron a la llamada de un comerciante que denunciaba un robo cerca del Portal Sur de Transmilenio. Al llegar, los oficiales fueron atacados a tiros por cuatro hombres.
Durante el enfrentamiento, Loaiza Colo fue alcanzado por varios disparos. A pesar de ser trasladado de inmediato a un centro médico, falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas.
En el operativo, uno de los sospechosos resultó herido y otro fue detenido en flagrancia. Además, se incautó un arma de fuego en el lugar de los hechos. Una fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Romero Piñago y Rodríguez Esquivel los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado y violencia contra servidor público, todos ellos en grado agravado. La Fiscalía ha solicitado una pena de 40 años de cárcel para los implicados. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
