El proyecto de acuerdo fue radicado en el Concejo de Bogotá por el concejal Julián Uscátegui. Con este, busca que quienes sean judicializados por actos de vandalismo durante las protestas y manifestaciones sociales, realicen conductas violentas contra el patrimonio público o privado, o que atenten contra la vida e integridad de los uniformados de la fuerza pública o la población civil, les sean suspendidos los beneficios educativos y demás subsidios que ofrece el Distrito.
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Uscátegui aseguró que, “es inconcebible que la Alcaldía Mayor de Bogotá siga otorgando beneficios a terroristas urbanos. Aquellos que se expresan con violencia deben responder ante la justicia y perder todo subsidio. Los bogotanos no pagan impuestos para financiar criminales”.
Sumado a esto, el concejal enfatizó que, “el acceso a programas de educación superior no es un derecho absoluto. Los beneficiarios deben cumplir con los deberes y responsabilidades que exigen la constitución y la ley. Este proyecto busca proteger la protesta social, desincentivando las expresiones violentas en las manifestaciones públicas”.
Finalmente, el concejal dice que el tiempo de la suspensión de los beneficios estará directamente vinculado a la duración del proceso penal o policivo que involucre al beneficiario. Una vez esclarecida la situación jurídica culminado el proceso respectivo, se revisará la suspensión permitiendo retomar los beneficios, en caso de resultar absuelto o exonerado de las acusaciones formuladas por los entes de acusación. En caso contrario, si el beneficiario es hallado responsable, dichos beneficios podrán ser retirados definitivamente.
