El Gobierno Nacional formalizó la cesión de un predio adyacente a la cárcel La Picota a la administración de Bogotá, con el objetivo de construir una segunda cárcel distrital. Esta medida busca abordar el déficit de cupos en el sistema penitenciario de la ciudad y mejorar las condiciones de reclusión para los privados de la libertad.
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Cooperación entre entidades
La cesión del terreno se enmarca en el Convenio 1127, suscrito entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Esta cooperación entre el Gobierno Nacional y el Distrito refleja un esfuerzo conjunto por abordar los desafíos de seguridad y resocialización en la capital.
Tanto el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, como el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacaron la importancia de esta cesión de terreno como parte de un compromiso conjunto por garantizar la seguridad y promover la resocialización de los internos. Esta iniciativa es un paso significativo hacia la mejora del sistema carcelario en Bogotá.
“Más allá de la sesión del lote, es importante resaltar el ejercicio conjunto de luchar contra la impunidad, de luchar contra la inseguridad, luchar y comprometernos también con la resocialización en el castigo que las personas que han cometido delitos merecen, pero que sea un castigo útil para la sociedad, que sean dignos y acordes con los derechos humanos”, señaló el ministro Osuna.
Mitigación del hacinamiento
La entrega del terreno responde a las recomendaciones de la Corte Constitucional para mitigar el hacinamiento en el sistema penitenciario y carcelario. Además, esta iniciativa representa una forma de cofinanciación de la Nación a entidades territoriales, contribuyendo al desarrollo de infraestructura carcelaria y al cumplimiento de obligaciones hacia la población privada de la libertad.
Por su parte, el alcalde Galán señaló la importancia que trae esta construcción a la ciudad “es una avance muy importante que va a dar Bogotá en el cumplimiento de lo que ha estipulado la Corte Constitucional para superar el estado del sistema carcelario colombiano”, dijo el mandatario. De la misma manera, también hizo alusión a la importancia de avanzar en la resocialización “que se entienda como un centro en el que quienes van a hacer recluidos allí tengan la oportunidad de reconstruir, de cierta forma, una relación con la sociedad”.
“Recibimos el predio para avanzar este mismo año en la contratación de estudios y diseños, poder iniciar la construcción a principios del año entrante y poder entregar en el transcurso de los próximos tres años lo que será esa segunda cárcel distrital”, sentenció el alcalde.
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El ministro de Justicia reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional de colaborar con el Distrito Capital en la implementación de políticas penitenciarias efectivas y en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional. Actualmente, de los cerca de 45.000 detenidos de manera preventiva en el país, solo 2.760 se encuentran en cárceles territoriales. Y el Distrito contribuye con el 37 % de estos cupos.
Esta colaboración interinstitucional es fundamental para avanzar hacia un sistema penitenciario más justo y eficiente para la sociedad colombiana. “Necesitamos estrategias para tener una política penitenciaria más útil para la sociedad y superar el Estado de Cosas Inconstitucional. Es una buena noticia para la sociedad la colaboración entre autoridades de distintos ámbitos. Desde el Gobierno nacional seguimos ofreciendo toda la colaboración al Distrito Capital”, puntualizó el ministro de Justicia.
