La muerte de la subteniente barranquillera Jenyfer Alexandra Marciales Londoño continúa generando conmoción y fuertes cuestionamientos en el país, mientras la Policía Nacional de Colombia emitió un pronunciamiento oficial en el que anunció el inicio de una indagación previa para esclarecer lo ocurrido en la estación de Providencia.
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Desde Bogotá, la institución confirmó que la Inspección General y la Justicia Penal Militar asumieron el caso tras el fallecimiento de la oficial, de 35 años, quien fue hallada sin vida con un impacto de bala en su habitación el pasado sábado. “Desde el momento que se tuvo conocimiento del hecho, se activaron de manera inmediata los actos urgentes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal… para determinar, con total rigor técnico y científico, las circunstancias de lo ocurrido”, informó la entidad.
“Si algo me pasa, hablen con él”: clave en investigación por muerte de subteniente en Providencia
La Policía también aseguró que se está brindando acompañamiento integral a la familia de la uniformada, radicada en Barranquilla, y reiteró su compromiso con la transparencia. “Ninguna hipótesis será descartada ni validada sin el soporte probatorio correspondiente”, señaló la institución, subrayando que el proceso se adelantará con objetividad, neutralidad y respeto por el debido proceso.
Sin embargo, mientras avanzan las investigaciones, la familia de la subteniente ha sido enfática en rechazar la versión inicial de un suicidio y exige que el caso sea tratado como un posible homicidio. Sus allegados sostienen que Marciales tenía planes de vida y proyectos personales que hacen improbable esa hipótesis.
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“Estamos pidiendo la información, porque no nos han dado todavía reportes de Medicina Legal… eso nos deja un sinsabor, porque no es el actuar de mi hermana”, expresó su hermana, Leydis Marciales, quien ha insistido en la necesidad de claridad en la investigación.
La historia de la oficial es la de una mujer que construyó su carrera con esfuerzo. Ingresó como patrullera y, gracias a créditos del Icetex, logró ascender al grado de subteniente tras 16 años de servicio. Era reconocida por su vocación y compromiso con la comunidad. Desde hacía un año se encontraba en San Andrés, pero cuatro meses atrás fue trasladada a Providencia como comandante de estación, donde, según su familia, comenzaron los problemas.
De acuerdo con los testimonios, la uniformada habría denunciado un caso de acoso laboral por parte de un superior, identificado por sus familiares como el teniente Daniel Felipe Guzmán Medina. “Sabíamos del acoso laboral que estaba viviendo desde hace 4 meses. Ella en vida había reportado ese acoso y tampoco le habían dado respuesta”, afirmaron.
Incluso, sostienen que la subteniente recopiló pruebas como videos, chats y llamadas para sustentar su denuncia de persecución laboral, y que el oficial señalado la habría desautorizado y hostigado frente a otros uniformados. “Ella informó lo que estaba pasando, pero el hostigamiento continuó, incluso delante de turistas y compañeros”, relataron allegados.
Uno de los elementos más inquietantes del caso es una advertencia que Marciales habría dejado antes de su muerte: “Si algo me pasa, deben hablar con él”, frase que hoy cobra relevancia para su familia y que refuerza sus dudas sobre lo sucedido.
El proceso por acoso laboral ya había sido iniciado por la oficial, quien recibió días de incapacidad y posteriormente un descanso. Durante ese tiempo viajó a Barranquilla para compartir con su familia, pero el 24 de abril regresó a Providencia para reincorporarse a sus funciones, sin haber recibido una respuesta de fondo por parte de la institución.
“Ella tenía muchos planes, no creemos que haya sido una decisión propia… queremos que se investigue a fondo y se esclarezca la verdad”, insistieron sus familiares, quienes reclaman transparencia y resultados concretos.
Por su parte, la Policía reiteró su política de cero tolerancia frente a conductas que afecten la dignidad e integridad de sus integrantes. “La Policía Nacional continuará brindando toda la colaboración necesaria a las autoridades judiciales… con el propósito de esclarecer este lamentable hecho y garantizar verdad y justicia”, puntualizó.
El caso también reabre el debate sobre el acoso laboral en Colombia, regulado por la Ley 1010 de 2006, que establece mecanismos para proteger a los trabajadores frente a situaciones de maltrato, persecución o discriminación. Expertos recuerdan que es fundamental recopilar pruebas y acudir a instancias como el Comité de Convivencia Laboral, el Ministerio del Trabajo o la Defensoría del Pueblo cuando no hay respuestas oportunas.
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Mientras avanzan las investigaciones, la muerte de la subteniente Marciales deja no solo un profundo dolor en su familia y en la institución, sino también un llamado urgente a garantizar entornos seguros y a atender con rigor las denuncias internas. Su caso se ha convertido en símbolo de una exigencia mayor: verdad, justicia y garantías reales para quienes denuncian situaciones de abuso dentro de las instituciones.
