El caso de Silvia Gette Ponce vuelve al centro del debate judicial y académico tras la decisión de un juez en Barranquilla que ordenó el restablecimiento de sus derechos para que retome la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, institución que lideró durante años.
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La determinación fue adoptada por el Juez Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías, Néstor Segundo Primera, quien concluyó que Gette debe ser reconocida como víctima dentro del proceso que investiga presuntas irregularidades en la elección de Ramsés Vargas Lamadrid como rector.
Polémica decisión judicial revive el caso Silvia Gette y su regreso a la Uniautónoma
De acuerdo con el togado, existe una “inferencia razonable de autoría” sobre la posible falsificación de actas en las reuniones donde se definió dicho nombramiento. Estas presuntas anomalías ya son materia de investigación por parte de la Fiscalía, que ha imputado a varios integrantes del entonces Consejo Directivo.
Uno de los puntos clave de la decisión es que, aunque Gette fue condenada en 2019 por el delito de abuso de confianza agravado, sentencia ratificada en 2022 por la Corte Suprema de Justicia, el juez determinó que la pena ya fue cumplida. Por tanto, no existe actualmente una inhabilidad vigente que le impida ejercer cargos públicos o administrativos.
“Una vez cumplida la pena no se le puede cercenar”, señaló el juez durante la audiencia, al tiempo que insistió en que el Estado debe garantizar el principio de resocialización y evitar sanciones perpetuas. Además, precisó que los estatutos de la universidad no contemplan una inhabilidad automática por antecedentes penales y que, de existir, podría entrar en conflicto con principios constitucionales.
Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de controversia. El Ministerio de Educación se opuso al restablecimiento de los derechos al argumentar que Gette no debía ser considerada víctima, ya que para el momento del nombramiento de Vargas Lamadrid ella no ocupaba el cargo de rectora. Según esta postura, si existió algún engaño, la afectada sería la propia entidad estatal.
Asimismo, desde el Ministerio se señaló que, al momento de esa designación, Gette enfrentaba procesos judiciales y medidas de aseguramiento, lo que, a su juicio, le impedía ejercer funciones directivas.
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A estas objeciones se sumó la defensa de uno de los imputados, quien sostuvo que el reclamo de Gette debía tramitarse por la vía laboral y no ante un juez de control de garantías. También insistió en que las únicas víctimas del proceso serían el Ministerio de Educación y la universidad.
Pese a estos argumentos, la decisión judicial contó con el respaldo de la Fiscalía y de la defensa de Gette, así como del propio Ramsés Vargas Lamadrid. No obstante, tanto el Ministerio como la Universidad Autónoma del Caribe interpusieron recurso de apelación, cuya sustentación quedó programada para el próximo 13 de abril.
El caso se remonta a noviembre de 2025, cuando la Fiscalía imputó por fraude procesal y falsedad en documento privado a varios miembros del Consejo Directivo de 2013, por la presunta elección irregular de Vargas Lamadrid como rector. Según el ente acusador, el procedimiento no respetó los estatutos internos, que establecían que el vicerrector debía asumir el cargo en ausencia de la rectora titular.
En cambio, el Consejo Directivo habría designado a Vargas Lamadrid sin cumplir los requisitos, lo que, según la investigación, configuraría las conductas delictivas imputadas.
La exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, por el crimen del arquitecto y ganadero Fernando Cepeda Vargas
En medio de este complejo panorama judicial, el nombre de Silvia Gette vuelve a escena, reabriendo un capítulo clave en la historia reciente de la universidad y dejando en suspenso el desenlace definitivo de un caso que sigue generando divisiones.
El proceso judicial por el asesinato del arquitecto y ganadero Fernando César Cepeda Vargas, ocurrido en agosto de 2003, es uno de los casos más prolongados y polémicos en la justicia del Atlántico. En este expediente, la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce, ha sido señalada como presunta determinadora del crimen, bajo el sistema de la Ley 600.
Tras más de dos décadas, el caso se encuentra en etapa de alegatos de conclusión, fase previa al fallo. Durante las audiencias recientes, la defensa de Gette ha insistido en que no existen pruebas materiales que la vinculen con el homicidio y ha cuestionado la credibilidad de los exparamilitares que la señalan, especialmente de alias ‘28’, cuyas versiones —según la defensa— presentan contradicciones y carecen de sustento.
La hipótesis de la Fiscalía se ha apoyado en declaraciones de exintegrantes de grupos armados, quienes aseguran que el crimen habría sido ordenado por Gette en medio de disputas internas relacionadas con la Universidad y conflictos familiares tras la muerte de su esposo, Mario Ceballos Araújo.
Por su parte, Gette ha reiterado su inocencia, asegurando que ha sido víctima de una persecución y extorsión por parte de exparamilitares, y que su nombre fue utilizado sin pruebas para incriminarla. También ha negado haber tenido vínculos con estos grupos o motivos para ordenar el asesinato.
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El caso, que supera los 20 años, sigue a la espera de una decisión judicial definitiva, la cual marcará un punto clave en uno de los procesos más complejos de la región.