La visita de Juliana Guerrero a la Universidad Popular del Cesar en La Jagua de Ibirico se convirtió en un escenario de tensión, luego de que la delegada del Gobierno nacional fuera recibida con aplausos, pero también con fuertes cuestionamientos en medio de una sesión clave del Consejo Superior Universitario.
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El encuentro, que tenía como objetivo aprobar la creación de una nueva sede de la institución en este municipio del Cesar, terminó marcado por la polémica en torno a la presencia de Guerrero, quien participa como representante del presidente Gustavo Petro.
Durante la jornada, la funcionaria enfrentó reacciones divididas por parte de los asistentes. Mientras algunos respaldaron su intervención, otros expresaron inconformidad debido al proceso judicial que enfrenta actualmente. La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y uso de documento falso, en un caso que ha generado amplio debate.
Uno de los pronunciamientos más fuertes fue el de la senadora Claudia Margarita Zuleta, hija de Poncho Zuleta, quien cuestionó la permanencia de Guerrero en espacios de representación institucional. “Es un mal ejemplo para los jóvenes”, afirmó, al señalar que el ejercicio de cargos públicos no solo requiere requisitos legales, sino también autoridad moral.
Zuleta insistió en que, aunque la imputación no constituye una condena, sí plantea dudas sobre la idoneidad de Guerrero para ocupar ese tipo de responsabilidades. “Para acceder a un cargo público se exige idoneidad y también autoridad moral”, reiteró, advirtiendo sobre el impacto que este tipo de situaciones puede tener en la percepción de los estudiantes.
La congresista también hizo referencia a la decisión de la Fundación Universitaria San José, que invalidó los títulos académicos de Guerrero tras detectar inconsistencias. “Es una constatación institucional gravísima”, sostuvo, al tiempo que cuestionó el respaldo que, según ella, algunos sectores continúan brindando a la funcionaria.
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En medio de la controversia, también surgieron versiones desde el ámbito periodístico. El comunicador Jacobo Solano Cerchiaro aseguró que una fuente le indicó que Guerrero llegó al evento en el mismo vehículo que el dirigente político Ape Cuello, lo que generó aún más comentarios en redes y entre los asistentes.
Pese a la polémica, el Consejo Superior Universitario avanzó en su agenda y aprobó la construcción de la nueva sede de la Universidad Popular del Cesar, un proyecto que busca ampliar la cobertura educativa en la región y brindar mayores oportunidades a los jóvenes.
Sin embargo, el foco mediático se mantuvo en la situación de Guerrero, cuyo caso continúa en manos de la justicia. Según la investigación, la funcionaria habría obtenido sus títulos sin cumplir con los requisitos académicos, motivo por el cual estos fueron anulados. Además, la Fiscalía ha advertido que solicitará una medida de aseguramiento domiciliaria.
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“En Colombia el mérito no se puede seguir reemplazando por el atajo”, concluyó Zuleta, en un mensaje que resume el debate de fondo que dejó este episodio: la confianza en las instituciones y la importancia de la transparencia en el servicio público.