La controversia por el futuro del sistema de salud en Colombia sumó un nuevo episodio luego de que la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, lanzara una contundente advertencia frente a la decisión del presidente Gustavo Petro de avanzar en la liquidación de EPS en crisis. En entrevista con Blu Radio en Mañanas Blu, la dirigente gremial aseguró que esta medida “pone en riesgo la vida de millones” de colombianos y podría agravar la ya compleja situación del sistema.
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Según Vesga, las recientes directrices del Gobierno carecen de claridad técnica y generan una profunda incertidumbre en el sistema de salud, especialmente para los usuarios afiliados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El gremio, que representa a aseguradoras como Sanitas, Sura, Salud Total y Compensar, advirtió que las decisiones anunciadas podrían impactar directamente la prestación de servicios médicos, la entrega de medicamentos y la continuidad de tratamientos.
Crisis en el sistema de salud: Acemi alerta que plan de Gustavo Petro podría colapsar la atención médica en Colombia
Uno de los puntos más polémicos surgió tras la instrucción del mandatario de liquidar las EPS que no cumplan con indicadores financieros, bajo la consigna de “dentro o fuera”. Para la presidenta de Acemi, este mensaje resulta ambiguo y no corresponde a las competencias legales de los ministerios. “No es claro nada de lo que dijo el presidente… lo que sí creemos es que nuevamente el Gobierno está jugando con la vida de los colombianos”, afirmó.
La dirigente explicó que, desde el punto de vista técnico, las únicas entidades que actualmente podrían considerarse en quiebra son las EPS intervenidas por el propio Gobierno, que suman ocho en total. Estas concentran cerca de 24 millones de afiliados y registran pérdidas patrimoniales que superan los 13 billones de pesos, un deterioro que, según Acemi, se ha profundizado en los últimos años.
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En este contexto, desde el gremio se ha planteado la hipótesis de que la liquidación masiva de EPS podría ser una forma de avanzar en la reforma a la salud en Colombia por vía administrativa. Es decir, sin necesidad de aprobación legislativa, mediante decretos y decisiones ejecutivas. Para varios sectores, esta estrategia buscaría reconfigurar el modelo actual y consolidar a una sola entidad como eje del aseguramiento.
Entre las EPS que estarían en la mira se encuentran Famisanar, Asmet Salud, Coosalud y Capresoca, todas con deterioro financiero significativo. No obstante, Vesga destacó que las EPS privadas que aún no han sido intervenidas han logrado mantenerse operativas pese a las dificultades, lo que, en su criterio, demuestra que el sistema todavía tiene capacidad de respuesta si se toman decisiones técnicas adecuadas.
Uno de los aspectos más delicados señalados por Acemi es la situación de la Nueva EPS, considerada la más grande del país. Según Vesga, esta entidad se ha convertido en una “caja negra financiera”, debido a la falta de transparencia en sus estados financieros, que no se actualizan desde diciembre de 2023. Esta situación genera dudas sobre su capacidad para asumir un eventual traslado masivo de usuarios.
La preocupación aumenta al considerar que la Nueva EPS sería el principal destino de millones de afiliados en caso de una liquidación generalizada. De acuerdo con estimaciones, sus pasivos podrían oscilar entre los 15 y 20 billones de pesos, lo que pondría en riesgo la estabilidad de toda la red de atención en salud.
El debate se da en paralelo a las declaraciones del exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal, quien también cuestionó la estrategia del Gobierno y respondió a los señalamientos del presidente Petro. Durante un reciente Consejo de Ministros, el mandatario insinuó presuntos vínculos del exfuncionario con EPS, lo que Aristizábal calificó como afirmaciones “infames, cínicas y descaradas”.
El exsuperintendente fue enfático en negar cualquier relación contractual con estas entidades tras su salida del cargo y defendió su trayectoria en el sector. Además, advirtió que la forma en que se están tomando decisiones sobre la liquidación de EPS podría generar un riesgo sistémico en el sistema de salud, especialmente si los usuarios son trasladados a entidades con problemas financieros similares.
En esa misma línea, Aristizábal cuestionó el manejo del Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO), herramienta diseñada para garantizar transparencia en la designación de administradores de EPS intervenidas. Según explicó, este sistema fue fortalecido durante su gestión con criterios de meritocracia, pero actualmente no estaría siendo utilizado de manera adecuada.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la decisión de liquidar las EPS argumentando que el sistema enfrenta una crisis estructural. Según el presidente Petro, las deudas acumuladas superan los 32 billones de pesos, lo que hace inviable la continuidad del modelo actual. Además, ha señalado que existen problemas de gestión y presuntos manejos indebidos de recursos por parte de algunas entidades.
Dentro de las EPS intervenidas que podrían entrar en proceso de liquidación se encuentran la Nueva EPS, Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca. En conjunto, estas concentran cerca de 23 millones de afiliados, lo que representa aproximadamente el 43% de la población colombiana.
Expertos han advertido que una liquidación masiva de EPS podría generar congestión en hospitales, interrupciones en tratamientos y fallas en la atención médica. De hecho, ya se han reportado retrasos en servicios, dificultades en autorizaciones y un aumento significativo en las quejas de los usuarios.
Frente a este panorama, Acemi hizo un llamado urgente al Gobierno para que, antes de avanzar en decisiones definitivas, se garantice la transparencia financiera, especialmente en el caso de la Nueva EPS, y se evalúe el impacto real que estas medidas tendrían sobre millones de colombianos.
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El debate sigue abierto y refleja uno de los momentos más críticos del sistema de salud colombiano, en el que se enfrentan visiones opuestas sobre cómo garantizar la sostenibilidad del modelo sin poner en riesgo el derecho fundamental a la salud. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de una transformación estructural, los gremios advierten que una transición mal gestionada podría desencadenar una crisis aún mayor.