El caso de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, dio un nuevo giro tras la imputación formal presentada por la Fiscalía General de la Nación, que solicitó su traslado a un centro carcelario. La fiscal del caso, Lucy Laborde, argumentó que mantenerlo en libertad representaría un riesgo para el avance de la investigación, que involucra un presunto entramado de corrupción ligado a la Fundación Conciencia Social (Fucoso) en Barranquilla.
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De acuerdo con el ente acusador, existen pruebas documentales, chats, audios y testimonios que comprometen al exdiputado del Atlántico y a su exesposa, Day Vásquez, señalados de manipular contratos suscritos entre la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y la fundación mencionada. Según el expediente, dichos convenios habrían sido usados como vehículo para el desvío de recursos públicos y privados.
Nicolás Petro: Fiscalía pide traslado a cárcel tras imputación por corrupción con Fucoso
La Fundación Conciencia Social (Fucoso), con más de 30 años de trayectoria en programas sociales, aparece como el centro de las operaciones cuestionadas. Entre 2020 y 2023, recibió contratos por más de 2.400 millones de pesos, con registros que superan los 6.000 millones en compras estatales. Aunque los recursos estaban destinados a iniciativas para adultos mayores y niños con discapacidad, la Fiscalía sostiene que fueron redirigidos mediante un esquema ilícito.
Los elementos probatorios incluyen conversaciones extraídas de dispositivos electrónicos que evidenciarían la participación directa de Nicolás Petro y Day Vásquez. En una de ellas, el exdiputado escribió: “Amor, entre mayor reserva es mejor”. Además, se revelaron audios sobre entregas de dinero en efectivo y la intervención de funcionarios locales que presuntamente facilitaron los trámites.
La llamada ‘Fucorrupción’
La fiscal Lucy Laborde describió el entramado como un modelo de “Fucorrupción”, en el que se utilizaban nóminas paralelas y contratos ficticios para canalizar recursos hacia terceros. En su declaración, afirmó que parte del dinero proveniente de personajes de dudosa reputación, destinado inicialmente a la campaña presidencial de Gustavo Petro, terminó guardado en una caja fuerte y en el clóset del exdiputado.
El proceso también involucra a Gustavo de la Ossa, director de Fucoso, y a otros funcionarios mencionados en los chats. “Vamos a hacer lo más grande”, le dijo De la Ossa a Vásquez en referencia a futuros negocios.
Riesgos y delitos imputados
La fiscal Laborde denunció haber sido víctima de amenazas y seguimientos en Barranquilla, lo que evidencia las tensiones que rodean el caso.
Los delitos atribuidos a Nicolás Petro incluyen interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento público. Según la Fiscalía, cada uno de estos cargos está respaldado por pruebas sólidas que abarcan desde contratos alterados hasta mensajes de voz y documentos firmados directamente por el exdiputado.