Un juez de control de garantías de Barranquilla dictó medida de aseguramiento contra Ingrid María Meza Cantillo, de 59 años, señalada de proxenetismo con menor de edad en circunstancias de agravación punitiva. La mujer es la abuela de la víctima, una adolescente de 13 años, quien habría sido entregada a un docente de la Universidad del Atlántico a cambio de dinero.
La investigación se inició luego de que habitantes del barrio Evaristo Sourdís denunciaran movimientos extraños en la vivienda donde residía la menor. La alerta se intensificó cuando, al ser llevada a un centro médico por complicaciones de salud, le fue detectada una enfermedad de transmisión sexual.
A la cárcel mujer señalada de “explotar sexualmente” a su nieta con docente de UniAtlántico
Funcionarios de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se desplazaron hasta la residencia de Meza Cantillo y efectuaron su captura.
De acuerdo con las indagaciones, la abuela habría facilitado el contacto de la adolescente con Pablo Rambal Pacheco, docente de la Universidad del Atlántico, quien presuntamente accedió carnalmente a la menor en varias ocasiones entre diciembre de 2024 y febrero de 2025. Según la Fiscalía, el acuerdo ilícito habría incluido un pago de un millón de pesos.
Por estos hechos, Pablo Rambal Pacheco también fue enviado a prisión. El docente enfrenta cargos por acceso carnal violento en circunstancias de agravación y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años en circunstancias de agravación punitiva. Ambos delitos no fueron aceptados por el procesado.
La Fiscalía General de la Nación precisó que fueron cuatro meses de investigación los que permitieron recopilar las pruebas necesarias para capturar primero al docente y luego a la abuela de la menor. Las autoridades consideran que el testimonio de vecinos y los hallazgos médicos fueron claves para establecer la presunta responsabilidad de los implicados.
El caso ha generado indignación en la comunidad de Barranquilla, especialmente entre estudiantes y docentes de la Universidad del Atlántico, quienes han pedido celeridad en el proceso judicial y sanciones ejemplares para los responsables.
Mientras avanzan las investigaciones, la menor recibe atención integral y protección especial por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el objetivo de garantizar su seguridad y bienestar emocional tras el grave hecho.