El pasado 22 de julio, el controvertido concejal de Barranquilla, Alexis Castillo, presentó con gran despliegue mediático la aprobación en primer debate de un proyecto de acuerdo que busca prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. Paradójicamente, Castillo ha sido denunciado por presunta violencia intrafamiliar por parte de su expareja, Silvia Aragón, así como por presunta violencia política contra varias colegas durante su etapa como edil.
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Según el comunicado emitido por su equipo de prensa, la iniciativa tiene como objetivo garantizar condiciones de respeto, equidad y derechos para las mujeres que hacen parte de espacios políticos en la ciudad. “Este proyecto busca abrir el camino para que más mujeres participen activamente en la vida política y social de Barranquilla, incluyendo consejeras de juventud, líderes sociales y miembros de juntas de acción comunal. La meta es que puedan ejercer su liderazgo sin enfrentar obstáculos, persecución ni violencia”, destaca el texto.
Concejal denunciado por violencia impulsa proyecto contra agresiones a mujeres en política
Sin embargo, lo que ha causado indignación es el contraste entre esta propuesta y el historial del concejal. La revista Semana reveló que, en agosto de 2021, la Oficina de la Mujer de la Alcaldía de Barranquilla envió una carta al entonces presidente del Concejo, Samir Radi, alertando sobre una serie de denuncias contra Castillo por parte de varias edilesas, quienes lo acusaban de agresiones y hostigamientos durante sesiones del cabildo distrital.
Al respecto, Helda Marino, jefa de la Oficina de la Mujer, confirmó a Semana que su despacho recibió los testimonios y remitió el caso al Concejo, entidad competente para tomar acciones. “Un grupo de edilesas expuso la situación, señalando presunta violencia política por parte del edil. Como no tenemos competencia directa, realizamos la solicitud al Concejo, exponiendo los hechos para que se iniciaran las acciones correspondientes”, explicó.
Las denunciantes también entregaron evidencias documentales que fueron incluidas en la comunicación oficial. El caso genera controversia sobre la coherencia entre el discurso y la conducta de quienes proponen normas a favor de los derechos de las mujeres.
