El Ministro del Interior, Armando Benedetti, fue designado por el presidente Gustavo Petro para liderar un posible proceso de negociación con las bandas criminales que operan bajo el mando de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, dos de los principales cabecillas de estructuras delictivas en la región Caribe.
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La decisión fue comunicada por el jefe de la cartera política nacional durante una reunión de trabajo realizada este lunes en Casa Catinchi, un bien patrimonial recuperado en la administración de Elsa Noguera. Al encuentro asistieron el Secretario de Seguridad del Distrito, Yesid Turbay, y el Secretario del Interior del Departamento, José Antonio Luque.
Gobierno abre diálogo con bandas de ‘Castor’ y Digno Palomino en busca de paz urbana
Durante la sesión, Benedetti anunció que la Dirección Nacional de Inteligencia será la encargada de realizar una caracterización detallada de las bandas y de entrevistarse con sus líderes para conocer de primera mano sus intenciones frente a un eventual desarme, así como su disposición para cesar homicidios y extorsiones. Estas conversaciones se efectuarán por separado con ‘Castor’ y Digno Palomino.
Además, el MinInterior se comprometió a crear un comité de alto nivel que incluya a los Ministros de Justicia, Eduardo Montealegre, y de Defensa, Pedro Sánchez, con el objetivo de diseñar los planes y políticas públicas necesarias para avanzar hacia un proceso de paz urbana en la región.
Las autoridades seccionales se mostraron dispuestas a apoyar la estrategia con programas y acciones locales que faciliten la pacificación. Ambas bandas han manifestado su voluntad de sentarse a negociar, lo que abre la puerta a una solución concertada.
No obstante, las partes involucradas hicieron énfasis en no repetir errores del pasado, como los ocurridos en anteriores procesos de paz, donde la falta de seguimiento permitió que estructuras criminales se rearmaran y reorganizaran.
Según el gobernador Eduardo Verano, las bandas de ‘Castor’ y Digno Palomino agrupan a más de 2.000 miembros, incluidos adolescentes, mujeres y niños, utilizados para cometer delitos. Las autoridades indican que cada miembro, conocido como ‘cachorro’, recibe un salario mensual para ejecutar acciones ordenadas por sus respectivos jefes.
El proceso aún está en etapa preliminar, pero marca un posible punto de inflexión en la lucha contra la criminalidad urbana en el Caribe colombiano.

