Una intensa polémica rodea al Colegio Alemán de Barranquilla, luego de que cuatro estudiantes fueran sancionados por su participación en una broma escolar, conocida entre los alumnos como un “peo atómico”. El incidente, ocurrido el pasado 14 de marzo, ha desencadenado una ola de denuncias por parte de madres de familia que consideran desproporcionadas las medidas disciplinarias tomadas por la institución educativa, especialmente la exclusión de sus hijos de la ceremonia de graduación.
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La abogada Judy Henao, madre de uno de los estudiantes implicados, ha liderado la denuncia pública. Según ha señalado en varios medios de comunicación, las familias de los menores han vivido más de 70 días de angustia por lo que consideran una doble sanción impuesta por el colegio. De acuerdo con Henao, tras el incidente, que involucró el uso de un producto de venta libre recomendado para niños menores de 5 años, los jóvenes fueron inicialmente castigados con suspensiones de entre 20 y 30 días. No obstante, recientemente fueron informados de que también se les prohibiría participar en la ceremonia de graduación, una medida que las madres califican como una segunda condena por los mismos hechos, lo cual estaría prohibido por la legislación colombiana.
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La abogada argumenta que el hecho no causó daño a personas ni a la infraestructura del colegio, y que no se puede justificar una sanción adicional de carácter simbólico y emocional tan fuerte como la exclusión de un acto de cierre académico. Además, denunció irregularidades en el proceso, incluyendo el uso de pruebas que, según sus indagaciones ante la ARL, no tienen respaldo ni sustento legal.
Aunque una tutela interpuesta por Henao resultó en una medida provisional que permitirá a su hijo asistir a la ceremonia de grado este sábado, las otras madres no obtuvieron fallos favorables. Esta disparidad ha motivado la presentación de una nueva solicitud ante la Corte Constitucional, con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad de trato entre los cuatro estudiantes.
Henao ha anunciado también que iniciará un incidente de desacato y acciones penales por presunto fraude procesal contra el rector del colegio, a quien acusa de haber presentado pruebas manipuladas durante el proceso disciplinario. La situación, advierte, ha generado serias afectaciones emocionales en los adolescentes, quienes han sido estudiantes destacados durante más de una década y hoy atraviesan episodios de ansiedad y depresión.
El Ministerio de Educación Nacional ya se pronunció sobre el caso, calificando de “excesiva” la medida de excluir a los estudiantes del acto de grado. Además, ha ofrecido su mediación para resolver el conflicto, aunque las familias denuncian una actitud poco conciliadora por parte del colegio, al que acusan de mantener una postura “inquisitiva” y de actuar como “juez y parte”.
Las críticas también se han dirigido al Consejo Directivo del colegio, que habría ratificado las decisiones del rector sin realizar una revisión profunda del proceso ni de las pruebas presentadas. Para las familias, esta falta de garantías procesales representa una violación del derecho al debido proceso y a la defensa.
Por ahora, la ceremonia de grado sigue programada y sólo uno de los cuatro jóvenes podrá asistir, mientras sus compañeros y sus familias continúan en una batalla legal. Las madres afectadas insisten en que ningún manual de convivencia puede estar por encima de la Constitución Nacional y hacen un llamado al colegio para que actúe con humanidad y empatía, recordando que se trata de menores de edad en formación.