La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra Juliana Guerrero Jiménez, asesora del Gobierno nacional, por presuntas irregularidades en su título universitario de Contaduría Pública. El proceso fue asignado a la Fiscalía 42 Especializada de Bogotá, que indagará posibles delitos de fraude procesal, falsedad en documento y falsedad personal.
El caso salió a la luz tras una solicitud de información realizada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), quien cuestionó la legalidad del título de Guerrero. Esta petición llevó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a requerir una verificación del ICFES, entidad que reveló que no existen registros de que la asesora haya presentado los exámenes Saber Pro o Saber TyT, requisito indispensable para graduarse de una carrera profesional o tecnológica en Colombia.
Ministerio de Educación y universidad confirman irregularidades
La situación se agravó cuando el Ministerio de Educación Nacional informó que Guerrero no figura en el SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior) como estudiante o egresada de la Fundación Universitaria San José, institución que presuntamente le otorgó el diploma.
Ante la presión pública y las evidencias, la universidad inició el proceso de anulación del título y reconoció la existencia de “irregularidades” en su expedición. Además, se confirmó la destitución del secretario general de la institución, quien admitió responsabilidad en las anomalías.
Guerrero se defiende y culpa a la universidad
La asesora, de 23 años, reconoció no haber presentado el examen Saber Pro, pero asegura haber enviado la prueba de su inscripción. Según ella, la responsabilidad por lo ocurrido recae completamente en la institución educativa.
“No he presentado el examen Saber Pro, pero envié evidencia de mi inscripción”, afirmó Guerrero.
Contexto: otro caso que sacude los nombramientos del Gobierno
Este nuevo episodio se suma a una cadena de controversias en torno a nombramientos cuestionados por falta de experiencia, credenciales dudosas o procesos de selección poco transparentes en el actual gobierno.
A medida que avanza la investigación, se espera que la Fiscalía determine si Guerrero incurrió en responsabilidad penal o si fue víctima de un procedimiento irregular por parte de la universidad. Mientras tanto, el caso sigue alimentando el debate público sobre la meritocracia en la administración pública.