La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de tres presuntos integrantes de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, acusados de participar en el secuestro y entrenamiento ilegal de dos adolescentes en zona rural de Remedios, Antioquia.
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Según la investigación, los jóvenes fueron retenidos entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de 2025 en una finca ubicada en la vereda Los Mangos, donde fueron sometidos a adoctrinamiento armado, prácticas con explosivos y tácticas de patrullaje. El objetivo, de acuerdo con el ente acusador, era forzarlos a ingresar a las filas del grupo criminal.
Los procesados y los delitos imputados
Los señalados fueron identificados como Harold Alberto Marín Ríos, alias “El Mocho”; Jonis David Garzón Gallego, alias “El Negro”; y Eder Giovanni Sánchez Rodríguez, alias “Lucas”.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y entrenamiento para actividades ilícitas. Aunque ninguno aceptó los cargos, un juez de control de garantías ordenó que permanezcan bajo medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con los hallazgos, Marín Ríos y Sánchez Rodríguez eran los encargados de custodiar y entrenar a las víctimas bajo amenazas de muerte, mientras que Garzón Gallego habría coordinado el transporte y la logística del cautiverio.
Impacto del reclutamiento forzado en Colombia
El caso refuerza las alertas sobre el reclutamiento forzado de menores por grupos armados ilegales, una práctica que vulnera gravemente los derechos humanos y que en departamentos como Antioquia sigue siendo un reto para las autoridades.
La Fiscalía señaló que continuará priorizando investigaciones contra las estructuras del Clan del Golfo responsables de este tipo de delitos, considerados de alto impacto por su afectación a la niñez y adolescencia.
Con esta actuación judicial, el ente investigador busca enviar un mensaje claro contra el uso de menores en actividades criminales y fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Colombia, especialmente en territorios históricamente afectados por la presencia de grupos armados ilegales.