La controversia en torno a la consulta popular convocada por decreto presidencial tomó un nuevo giro este lunes, cuando el presidente Gustavo Petro lanzó una dura crítica contra el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, por abstenerse de organizar el mecanismo de participación hasta que se pronuncien las altas cortes. El jefe de Estado acusó al funcionario de “tomar partido” en una disputa política y jurídica que aún no ha sido resuelta por la Corte Constitucional ni el Consejo de Estado.
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El origen de la controversia está en el Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, mediante el cual el presidente Petro fijó el 7 de agosto como fecha para realizar una consulta popular sobre 12 puntos clave de la reforma laboral. Sin embargo, la Registraduría consideró que este acto requiere claridad jurídica antes de entrar en etapa operativa.
La respuesta del presidente Petro
A través de sus redes sociales, el presidente expresó su inconformidad por la postura del registrador:
“Siendo la registraduría árbitro de las elecciones, toma partido, y eso no debe suceder, ni lo debe admitir las fuerzas mayoritarias y sociales de Colombia”.
En su pronunciamiento, Petro defendió la validez del decreto presidencial y solicitó a la comunidad jurídica tomar acciones legales frente a lo que calificó como una actitud sediciosa por parte del registrador:
“Solicito a toda la corriente de abogados democráticos iniciar acciones pertinentes, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico […] se ha decidido por funcionarios que no comulgan con las órdenes del voto popular del 2022 […] vaciar de poder, la presidencia, e ilegitimarla con falsedades, para generar un golpe institucional".
Aunque reiteró que respetará el fallo que emita la Corte Constitucional, insistió en que el decreto que convoca la consulta “goza de presunción de legalidad y es obligatoria su aplicación”.
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¿Qué dijo el registrador Hernán Penagos?
El registrador defendió su decisión señalando que no se trata solo de un asunto logístico o técnico, sino de la defensa del orden constitucional. Según Penagos:
“Hoy no solamente está en juego la convocatoria a una consulta popular, está en juego el orden institucional del país, el principio democrático y, si se quiere, la democracia en sí misma”.
También enfatizó que, incluso si las cortes fallan a favor de la consulta, no hay tiempo suficiente para su organización en la fecha propuesta:
“Son 53 días, menos de dos meses, es un tiempo insuficiente para convocar a una consulta de este nivel. Son 42 millones de personas las que podrían participar. No podemos garantizar una logística adecuada en ese plazo”.
¿Qué está en juego?
El conflicto revela una tensión de fondo entre el Ejecutivo y los órganos de control institucional. Mientras el presidente insiste en consultar al pueblo sobre temas que considera esenciales para su agenda de gobierno, los entes técnicos y jurídicos exigen un proceso ajustado a los principios democráticos y de legalidad.
Con este escenario, se abre un debate sobre los límites del poder presidencial, la independencia de los organismos electorales y el equilibrio de poderes en Colombia. Por ahora, la última palabra la tendrán los jueces.
