La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó este martes 10 de junio que la familia del menor de 14 años que atentó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay será protegida por el Estado. Un anuncio que ha generado reacciones encontradas en redes sociales y en el ámbito político, donde se cuestiona si este tipo de medidas no terminan siendo un incentivo perverso en casos criminales tan graves.
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La familia del menor será incluida en el programa de protección de testigos de la Fiscalía, lo que incluye escoltas, reubicación, sostenimiento económico y la posibilidad de cambiar de identidad. El objetivo, según la fiscal Camargo, es garantizar la seguridad de los testigos y del propio menor mientras avanza el proceso judicial.
“Tenemos un primer avance que tiene que ver con la inclusión de su familia en el programa de protección. La Policía Nacional, a través de su Dirección de Protección, brindará apoyo complementario para la seguridad del núcleo familiar y del menor”, afirmó Camargo.
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La decisión no solo abarca a la familia del menor. También impacta directamente en la manera en que el joven será privado de la libertad. El búnker de la Fiscalía será acondicionado para alojarlo, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) determinó que los centros juveniles actuales no ofrecen garantías suficientes de seguridad para este caso particular.
La fiscal explicó que el menor no será recluido en una celda tradicional, ni compartirá espacio con adultos. Estará en un espacio especial bajo la custodia del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), con acceso a programas académicos y de restauración de derechos liderados por el ICBF.
“No se trata de un castigo inmediato, sino de un proceso de restauración y resocialización, acorde al enfoque del sistema penal juvenil en Colombia”, agregó Camargo.
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Sin embargo, la controversia no se hizo esperar. Diversos sectores sociales y políticos califican de “excesiva” esta protección para alguien que, presuntamente, disparó a sangre fría contra un senador en plena vía pública. Incluso hay voces que cuestionan si estos beneficios para la familia del atacante no terminan por enviar un mensaje equivocado.
Mientras tanto, Miguel Uribe Turbay sigue en delicado estado de salud en la Fundación Santa Fe, aferrado a la vida tras recibir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. La investigación continúa, con múltiples aristas abiertas, entre ellas, cómo un menor terminó con un arma de alto calibre y si hubo autores intelectuales detrás del atentado.
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Este caso no solo ha encendido las alarmas en materia de seguridad política, sino que también reabre el debate sobre el tratamiento judicial de menores de edad involucrados en delitos de alto impacto y el rol del Estado en su protección, incluso cuando se convierten en protagonistas de hechos que sacuden al país.
