El caso de Lina María Orovio Hernández, una colombiana de 59 años, tiene en shock a las autoridades de Estados Unidos. Durante más de 20 años, esta mujer logró engañar al sistema federal utilizando identidades robadas para construir una vida paralela: con acceso a beneficios sociales, documentos oficiales, y hasta el derecho al voto.
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Según la acusación de la Fiscalía Federal, Orovio ingresó a EE. UU. de manera irregular y desde entonces tejió una red de fraudes que le permitió vivir como si fuera una ciudadana legal. Usando una identificación falsa, solicitó y recibió más de 400.000 dólares en ayudas gubernamentales, entre ellas subsidios de vivienda, asistencia alimentaria y pensión del Seguro Social.
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Lo más insólito del caso fue su participación en las elecciones presidenciales de 2024. Según los fiscales, usó un registro fraudulento para votar y fue captada en una cámara de seguridad luciendo una calcomanía de “Yo voté”, lo que terminó por encender las alarmas de las autoridades.
Desde febrero de 2025, Orovio está bajo custodia y enfrenta múltiples cargos federales, incluyendo:
- Falsa representación de un número de Seguro Social
- Declaración falsa en una solicitud de pasaporte
- Robo de identidad agravado
- Fraude en registros de votación
- Voto ilegal
Los fiscales indicaron que entre los beneficios que recibió están:
- $259.589 del programa federal de subsidios de vivienda
- $101.257 del Seguro Social
- $43.348 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)
“La acusada construyó una vida entera sobre una mentira, y lo más grave es que robó recursos destinados a ciudadanos que realmente los necesitan”, afirmó la fiscal federal Leah B. Foley.
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La investigación también reveló que solicitó un pasaporte estadounidense alegando haber nacido en Puerto Rico, una mentira que reforzó su fachada durante años.
El caso está siendo manejado por la Oficina del Inspector General del Seguro Social y por el Departamento de Justicia, que consideran este episodio como una advertencia sobre las debilidades del sistema y el alcance del robo de identidad.
“No es solo un fraude, es una traición a la confianza pública”, concluyó Amy Connelly, agente especial a cargo del SSA.
