En un comunicado oficial, el Ejército Nacional confirmó que los soldados Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral Gómez, adscritos a la Trigésima Brigada de la Segunda División, se encontraban realizando labores de vigilancia y seguimiento luego de que la comunidad presentara denuncias por extorsión.
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Los uniformados estaban en el barrio Colinas del Tunal, una zona urbana de Cúcuta, cuando presuntos integrantes del grupo armado organizado (GAO) Ejército de Liberación Nacional (ELN), habrían ejecutado un secuestro a plena luz del día. Según información preliminar, la retención se produjo en medio de un intento de asonada por parte de un grupo de personas, lo que generó confusión y permitió que los militares fueran capturados.
Las autoridades han iniciado una investigación interna y han desplegado operaciones militares en la región para determinar el paradero de los soldados y asegurar su pronta liberación. El Ejército reiteró su compromiso con el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, al tiempo que condenó enérgicamente el hecho.
Conflicto en el Catatumbo:
Este caso ocurre en un contexto de creciente violencia armada en la región del Catatumbo, al nororiente de Colombia. Esta zona, estratégica por su frontera con Venezuela, ha sido históricamente disputada por diversos grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y bandas criminales locales.
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Desde comienzos de 2025, se ha registrado una escalada en los enfrentamientos, que ha dejado más de 80 muertos y al menos 80,000 personas desplazadas, según cifras reportadas por medios como Voz de América y organismos humanitarios como ACNUR. Muchos desplazados han buscado refugio en municipios cercanos como Ocaña, Tibú, Hacarí y la propia Cúcuta.
Cabe resaltar que, el Catatumbo concentra una de las mayores extensiones de cultivos ilícitos en el país, lo que lo convierte en un territorio de alto interés para economías ilegales. A esto se suma la ausencia estatal, la falta de inversión social y una crisis humanitaria que ha sido calificada como “grave y prolongada” por organizaciones defensoras de derechos humanos.
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La situación actual pone de relieve la urgente necesidad de una presencia institucional efectiva, combinada con acciones humanitarias y procesos de diálogo que permitan reducir la violencia y proteger a la población civil.
