En un giro inesperado que ha sacudido el panorama de los subsidios gubernamentales, la representante Carolina Arbeláez ha revelado una serie de irregularidades en los pagos del programa de subsidios administrado por el Ministerio de Igualdad. La controversia gira en torno a la asignación de recursos a individuos con edades extraordinariamente avanzadas y a personas implicadas en actividades delictivas, lo que ha encendido un debate sobre la eficacia y la transparencia del programa.
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Según la información presentada por Arbeláez, se han identificado casos en los que individuos nacidos en el año 1899, es decir, de hasta 125 años de edad, están recibiendo un subsidio mensual de un millón de pesos. Los datos, que fueron obtenidos a partir de una lista de Excel proporcionada por el Ministerio después de una solicitud formal, indican que una proporción significativa de estos beneficiarios reside en las localidades de Buenaventura y Quibdó.
La situación se complica aún más con las alegaciones de que algunos de los subsidios han sido asignados a personas que están involucradas en actividades delictivas. Arbeláez ha señalado que estos pagos se destinan a “jóvenes delincuentes”, un hecho que considera inaceptable, especialmente dado que el programa está destinado a brindar apoyo social a los sectores más vulnerables.
La denuncia de Arbeláez ha generado un llamado urgente a la Contraloría General de la Nación para que lleve a cabo una auditoría exhaustiva del programa. La congresista ha solicitado que se realice una revisión detallada de las transferencias cuestionadas, afirmando que los errores en los registros de edad y la asignación de subsidios a individuos con antecedentes delictivos son motivo de seria preocupación. “Este programa necesita una supervisión rigurosa. Exhorto a la Contraloría a auditar estos pagos para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada”, declaró Arbeláez.
En respuesta a las acusaciones, el Ministerio de Igualdad ha explicado que se encuentran en un proceso de migración de datos, lo cual ha ocasionado errores en los registros. Sin embargo, esta explicación ha sido recibida con escepticismo, ya que Arbeláez sostiene que el Ministerio no ha logrado ofrecer una justificación convincente para los fallos en las fechas de nacimiento de los beneficiarios.
Además de la controversia sobre las edades de los beneficiarios, el debate se ha ampliado a la asignación de subsidios a personas involucradas en delitos. Arbeláez ha señalado que mientras se destinan grandes sumas de dinero a estos casos, los recursos para jóvenes deportistas, quienes también requieren apoyo, son insuficientes.
En respuesta a esta crisis, Arbeláez ha demandado una revisión completa del decreto que regula el programa de subsidios, argumentando que la mala administración de estos recursos no solo es injusta, sino que también refleja una falta de compromiso con los objetivos originales del programa.
