Carlos Ramón González presentó la renuncia a su cargo como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en medio de un escándalo de corrupción vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue anunciada por el presidente Gustavo Petro desde París, Francia, donde se encuentra en una visita oficial para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos.
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La renuncia de González ocurre después de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas durante una audiencia de imputación de cargos contra dos exfuncionarios del gobierno, Sneyder Pinilla y Olmedo López. Según la fiscal Andrea Muñoz, González habría estado involucrado en un esquema de sobornos destinado a influir en la legislación mediante la compra de votos de congresistas, utilizando fondos públicos de la UNGRD.
En un comunicado emitido a través de la plataforma X, el presidente Petro expresó: “Acepto la renuncia de Carlos Ramón, director de la Dirección de Inteligencia Nacional. Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país”. Además, Petro subrayó que esta separación es necesaria para asegurar la independencia de las investigaciones judiciales y la defensa de González.
Las acusaciones presentadas por la fiscal Muñoz incluyen el pago de sobornos a dos altos exfuncionarios legislativos: el expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Según la investigación, Pinilla y López habrían entregado maletas con dinero en efectivo, sumando hasta 3,000 millones de pesos, a Name, mientras que Calle habría recibido 1,000 millones de pesos.
- Sneyder Pinilla y Olmedo López: Se les acusa de coordinar la distribución de fondos públicos destinados a proyectos de alquiler de carrotanques, con el fin de obtener sobornos de los contratistas beneficiados. Estos fondos fueron supuestamente utilizados para asegurar el apoyo legislativo a las reformas impulsadas por el gobierno de Petro.
- Sandra Ortiz: Exconsejera para las regiones, también mencionada en el caso, habría facilitado el canal para los pagos ilícitos.
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) llevó a cabo una diligencia judicial en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para recopilar pruebas que puedan implicar a González. Además, este último ya ha comparecido ante la Corte Suprema de Justicia para ofrecer su versión de los hechos en una investigación liderada por el magistrado Francisco Farfán, quien también ha convocado a otros implicados, incluyendo a Sandra Ortiz.
