La modernización de las oficinas de la Cámara de Representantes ha sido sorprendente por varios motivos. Una investigación de Sigue La W y las quejas de algunos congresistas han revelado despilfarro, sobrecostos, retrasos, adiciones presupuestarias y hasta posibles casos de espionaje.
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De acuerdo a la emisora, el contrato para la renovación de las oficinas se firmó el 14 de noviembre de 2023 por $20.117.302.850, pero el 22 de marzo de 2024 se le añadió una suma de $3.521.088.675, elevando el total a $23.638.391.525.
Este contrato ha tenido no solo una, sino cuatro adiciones en total, entre ellas una extensión del plazo inicial del 24 de febrero al 10 de agosto de 2024. Una de las razones para estas extensiones es la falta de algunos muebles que necesitan ser importados.
La Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, bajo la gestión de John Abiud Ramírez, ha sido criticada por favorecer a contratistas de Santander y este caso no es una excepción. Así lo indicó el medio citado.
Los fondos se aprobaron para que la Bolsa Mercantil Colombiana se encargara de contratar a los proveedores del mobiliario (sillas, escritorios, sofás, puertas con acceso inteligente, entre otros).
En el esquema de contratación de la Bolsa Mercantil Colombiana, una firma comisionista compra y otra vende.
Para el contrato de $20 mil millones destinado a la remodelación de las oficinas, la firma comisionista que adquirió el mobiliario fue Mercado y Bolsa S.A., y la que lo vendió fue Agrobolsa S.A.
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Esta última actuó en nombre del proveedor final, el Consorcio Automatización 2023, compuesto por K10 Desing SAS, representada por Liliana Hernández con un 45% de participación y con sede en Bogotá.
El segundo miembro y principal accionista es Omar Augusto Rincón Rojas, quien posee el 50% y es de Bucaramanga.
El 5% restante pertenece a Vertice SAS, cuyos representantes son Yizeth Silva y John Rincón Rojas, también ubicados en Bucaramanga.
Además, algunos representantes, como Duvalier Sánchez del Partido Alianza Verde, han denunciado posible espionaje, señalando que los dispositivos inteligentes para controlar la luz tenían cámaras y micrófonos, lo que viola la privacidad, y se desconoce quién controla estos dispositivos y lo que pueden grabar.
¿Qué dijo la Cámara de Representantes?
A través de un comunicado, emitido por la oficina de Planeación y Sistemas de la Cámara de Representantes, se negó que exista algún dispositivo para espiar a los parlamentarios: “ninguna oficina de los Honorables Representantes cuenta con sistemas de grabación de ningún tipo, ni visibles, ni ocultos”, se lee en el documento.
Frente a los dispositivos para controlar la luz, en el comunicado se expresó que: “Respecto a las pantallas que manejan la automatización de las oficinas de los Representantes, las mismas no cuentan con ningún dispositivo de grabación, adicionalmente, dichos paneles de automatización solo pueden ser manipuladas internamente por los funcionarios de cada oficina, sin que pueda tener acceso personal externo”.
Para abordar las preocupaciones recientes, los dispositivos fueron sustituidos por equipos análogos sin capacidad de audio o video, garantizando así la privacidad del trabajo de los Representantes.
La gestión de las cámaras de seguridad en el Congreso, visibles en las áreas comunes, está a cargo del Senado de la República a través de la Policía Nacional.
Respecto a un video publicado por una Representante, se aclara que fue grabado por su propio personal al configurar el dispositivo, el cual no es accesible a terceros y aún no ha sido reemplazado.
