La Defensoría del Pueblo ha emitido una advertencia sobre la situación de riesgo en la región de Urabá, específicamente en Turbo y Necoclí, en Antioquia, donde las empresas de transporte marítimo de migrantes han suspendido sus operaciones. Esta interrupción está generando el represamiento de personas con la intención de cruzar la selva del Darién en su camino hacia Estados Unidos.
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El cese de actividades comenzó como una protesta contra los recientes operativos realizados por las autoridades, que resultaron en arrestos de individuos asociados con las empresas de transporte de migrantes. Con un flujo diario estimado de 1000 a 2000 migrantes en la región del Urabá Antioqueño, la situación podría volverse caótica si esta interrupción persiste.
“La situación podría colapsar la capacidad instalada de Turbo y Necoclí, puesto que no habría planes ni estrategias para atenderlos y tampoco el espacio necesario donde puedan resguardarse mientras reinician su travesía”, asegura el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo advierte que el posible estancamiento de migrantes en estas localidades podría afectar gravemente los servicios de salud, la gestión de residuos sólidos y el suministro de alimentos, tal como ocurrió en situaciones anteriores. Esta problemática no solo impactaría a los migrantes en tránsito, sino también a los residentes locales.
Ante esta situación de riesgo, se llevó a cabo una reunión extraordinaria de la Mesa de Gestión Migratoria en Turbo, donde los funcionarios solicitaron la implementación urgente de planes de contingencia. El Defensor del Pueblo insta a que estas medidas se pongan en marcha de inmediato para evitar una crisis que pueda afectar los derechos fundamentales de los migrantes y los residentes locales.
“Exhortamos a las gobernaciones de Antioquia y Chocó a reactivar las Mesas de Gobernanza Migratorias para que apoyen a los municipios en complementariedad, subsidiariedad y concurrencia de la atención humanitaria”, fue el llamado que hizo el defensor.
Por último, el Defensor del Pueblo hace un llamado al Gobierno Nacional para que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, lideren la implementación de la política integral migratoria establecida en la Ley 2136 del 2021 y brinden orientación a las entidades territoriales en la gestión migratoria.
“La migración debe ser segura, ordenada, regular y en condiciones de dignidad humana, por lo tanto, el Estado colombiano debe garantizar una gobernanza migratoria, de acuerdo con las obligaciones que ha adquirido en los tratados internacionales firmados y ratificados”, sentenció Camargo.
