La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa para esclarecer los hechos denunciados por la concejal Diana Diago, sobre los vehículos que habrían sido adaptados a partir de furgones y adquiridos por la Alcaldía de Bogotá para prestar el servicio de ambulancia, sin cumplir con los estándares técnicos necesarios para atender una situación médica de urgencia.
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De acuerdo con la información divulgada a través de varios medios de comunicación, la administración distrital habría adquirido camiones que al parecer, fueron adecuados para la atención de pacientes.
La cabildante señaló que “nos metieron gato por liebre, la administración de Claudia López compró furgones y los habilitaron para ambulancias La suspensión no sirve, la parte eléctrica no sirve, 36 mil millones de pesos en despilfarro”.
Furgones habrían sido adaptados como ambulancias en Bogotá y adquiridos por la Alcaldía
El Ministerio Público requirió información sobre los contratos celebrados desde el año 2020 para adquirir ambulancias o vehículos para acondicionarlos y, sobre los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá que participaron en la etapa precontractual, celebración, ejecución y liquidación de estos.
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La indagación previa abierta por el ente disciplinario busca identificar los servidores públicos que participaron en la compra de los vehículos -ambulancias-, al parecer, sin cumplir con las exigencias establecidas en la norma técnica para prestar ese servicio.
La compra de los camiones sumó alrededor de 36 mil millones de pesos, recursos de los bogotanos.
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La denuncia fue realizada por la concejal Diana Diago el 10 de diciembre del 2022 en marco del debate de Salud, en el que se reveló que las condiciones técnicas de estos vehículos no cumplen con la norma ICONTEC 3729 actualizada.
En su carta, la concejal Diago también menciona la presunta compra irregular de productos tecnológicos con sobrecostos por más de 5 mil millones de pesos.”Son presuntos casos de detrimento patrimonial que se han venido denunciando desde el Concejo de Bogotá. Los documentos formales y las pruebas ya se encuentran en la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Personería de Bogotá. Esperemos que la indagación de la Procuraduría esclarezca las presuntas irregularidades encontradas en la contratación”.
