El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala aseguró este lunes que emprenderá acciones legales contra Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia, por su desempeño frente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).
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El señalamiento contra el ministro Velásquez lo hizo el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche dentro del caso de corrupción que vincula a la constructora brasileña Odebrecht, por el cual hoy fueron solicitadas tres nuevas órdenes de captura contra exfuncionarios de la Fiscalía y de la Cicig.
“La Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos el excomisionado de Cicig Iván Velásquez”, aseguró Curruchiche durante un mensaje oficial.
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Además, Curruchiche lanzó la misma advertencia para la abogada colombiana Luz Camargo Garzón, quien fungió como investigadora de estructuras de corrupción en Guatemala.
Velásquez es acusado de permitir la aprobación de acuerdos de cooperación, según Curruchiche anómalos, con dos directivos brasileños de la constructora Odebrecht en 2017.
El colombiano, de 67 años, fue jefe de la Cicig en Guatemala entre 2013 y 2017, período durante el cual fueron desmanteladas decenas de estructuras de corrupción que operaban dentro de instituciones gubernamentales.
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En 2022, Curruchiche anuló los testimonios que los empresarios brasileños habían brindado en 2017, donde acusaban al ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al excandidato presidencial Manuel Baldizón de recibir sobornos de Odebrecht equivalentes a 18 millones de dólares a cambio de otorgar proyectos a la constructora.
El pasado 12 de enero, la organización estadounidense Human Right Watch lanzó un informe que señala al Gobierno presidido por Alejandro Giammattei de “profundizar el deterioro de la democracia e impedir la rendición de cuentas por la corrupción generalizada”.
Respuesta de MinDefensa
Minutos después de este hecho, el Ministerio de Defensa de Colombia emitió un comunicado con la respuesta del ministro Velásquez. Aseguró que no ha sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala.
Y agregó: “Tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”.
