La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, defendió una transición energética “participativa y vinculante” en el país, a la vez que abogó por una acción pública y privada que lleve a una mayor “justicia social y justicia ambiental”.
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En la V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, que comenzó en Bogotá bajo el título ‘Colombia: geopolítica, transición y seguridad energética’, la ministra insistió en que “los procesos de participación son una base fundamental” para garantizar “la seguridad y soberanía energética”.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro defiende una transición energética para enfrentar la crisis climática que contempla un freno a la exploración y explotación de hidrocarburos en el país, lo que ha sido motivo de una honda controversia.
“La crisis climática y la crisis ambiental son una oportunidad para rehacer también las relaciones sociales y ambientales en el territorio”, añadió Vélez, que se refirió a la transición energética para destacarla como “oportunidad de transformar un modelo social y económico que en nuestro país se ha demostrado hasta la fecha que ha sido profundamente injusto”.
Esta transición, con el ‘Gobierno del cambio’ de Petro, se pensará “de una manera integral, comprensiva, inter y transdisciplinar”, por lo que invitó a la industria energética a trabajar con las comunidades y a alinearse con los cuatro principios planteados por el Ejecutivo, entre ellos la equidad y democratización en la generación y distribución de energía.
Vélez defendió también “alianzas público, privadas y privado populares, de manera que esas comunidades con quienes ustedes conviven en el territorio, perciban de manera directa esos beneficios que esta industria genera. Eso quiere decir pasar de un modelo que en este momento genera la distribución a través de las regalías a un modelo que podríamos llamar predistributivo”.
La ministra planteó pensar “cómo desde la generación misma de la riqueza podemos redistribuirla con aquellas comunidades y aquellas poblaciones que han sido históricamente marginadas”.
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Y como parte de esta transición energética defendió una “revisión de los contratos existentes” como “fuente de garantía de una mayor productividad”.
Por su parte, el presidente de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía, Nelson Castañeda, aprovechó su intervención para reprochar el actuar de los últimos gobiernos.
“Hoy se ven los impactos de no haber firmado nuevos contratos de exploración y producción en el periodo 2013-2018 (...) pasando de producir 1.000.000 de barriles de petróleo en el 2013, 2014 y 2015, a cerca de 750.000 promedio año en el 2022″, dijo.
