Los próximos meses en el país serán claves porque la justicia transicional revelará el entramado criminal en el que miembros de la fuerza pública, agentes de Estado, civiles y paramilitares se asociaron para cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra la población civil.
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La Sala de Reconocimiento de la JEP anunció que estos son los hechos que investigará en el Caso 08, en el que se buscará esclarecer los patrones criminales y determinar las responsabilidades penales a las que haya lugar.
Este nuevo proceso de investigación se denominó ‘Crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano’.
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Según lo anunciado por esta entidad, este caso agrupará varios hechos que no están incluidos en los procesos abiertos desde 2019, es decir, “todas las conductas no amnistiables cometidas de manera directa o en asociación con grupos paramilitares y que no corresponden con ‘falsos positivos’ (caso 03), victimización de miembros de la Unión Patriótica (caso 06), o que no están siendo investigadas en los casos territoriales (02, 04 y 05)”.
Esta vez se centrarán en el universo de 15.710 víctimas, en el que además de pruebas de la participación de miembros de la fuerza pública hay 56.502 a paramilitares y 280 agentes del Estado.
De acuerdo con el Grupo de Análisis de la Información de la JEP, los principales crímenes atribuidos de manera directa a la fuerza pública fueron: homicidios con 8.345 casos; desplazamiento forzado, 2.904; amenazas 1.638; tortura, 1.249 y desaparición forzada, 1.136. Además, estos mismos datos demuestran que entre 2000 y 2009 se concentró el 51% de los hechos.
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Dentro de esos hechos, se hacen referencias a masacres, violencia sexual y detención ilegal. Explicó la JEP que todas estas conductas están mencionadas en 184 informes analizados, de los 974 recibidos. “Al integrar todas estás dinámicas de la guerra en el Caso 08, que las aborda como una serie de conductas vinculadas y no como hechos fragmentados, se facilita la comprensión de los crímenes y será más eficiente impartir justicia”.
El Gran Magdalena (Cesar-Guajira-Magdalena); los Montes de María; el Ariari-Guayabero-Guaviare, Caguán y Florencia; Antioquia y el Magdalena Medio, son las cinco zonas priorizadas preliminarmente.
