Este martes y tras una investigación periodística realizada por el medio Blu Radio, que reveló presuntos desvíos de dineros producto del acuerdo de paz, la Fiscalía General de la Nación comunicó que este viernes 8 de julio, el exconsejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, deberá entregar la información que tenga respecto a este tema. “(Se) ha revisado las denuncias relacionadas con el tema y se encontró varias noticias criminales que fueron interpuestas en la Seccional Bogotá”.
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El ente investigador también aseguró que han evidenciado dificultades porque ninguna persona ha dado testimonio directo sobre las presuntas irregularidades. “El proceso recibirá una asignación especial y se conexarán los casos para darle mayor agilidad a las labores investigativas y tener una visión integral del caso”.
De esta manera y mencionando como antecedente que Archila “señaló haber remitido la denuncia de un subalterno suyo acerca de las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la paz”, tendrá que asistir a declaración.
La investigación que develó desvíos de recursos para los PDET
Varios funcionarios del Gobierno, congresistas y alcaldes habrían participado en un hecho de corrupción para desviar los recursos que aprueba el Ocad-Paz para los municipios PDET y así quedarse con una millonaria suma de los dineros para la implementación del acuerdo de paz. Así lo reveló una investigación hecha por Blu Radio.
Uno de los artículos publicados por este medio de comunicación, llamado ‘Los recursos de la paz: así se direccionaron los proyectos del Ocad Paz’, explicó cómo un grupo de funcionarios y políticos cobraron coimas hasta quedarse con aproximadamente el 12 % de los recursos para los proyectos de los municipios PDET.
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Ante estas acusaciones en las que también aparece señalado el abogado Archila, este manifestó que denunció los casos en los que veía que los dineros estaban en riesgo, “durante todo mi ejercicio invité públicamente por muchos medios, muchas veces a todos a denunciar cualquier acto de corrupción o cualquier irregularidad en los procesos para asegurar principios claros y transparentes”.
Y agregó que “desde por lo menos el primer trimestre del 2021 denuncié, reiteradamente, para que se iniciarán las investigaciones que corresponden por parte de la Fiscalía General, la Procuraduría y también la Contraloría, la Consejería Transparencia y al Departamento Nacional de Planeación, hechos cuyo conocimiento tuve por sendas de comunicaciones que recibí”.
