El exconsejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila respondió a través de un comunicado sobre el polémico destino de los recursos destinados para sacar adelante los proyectos del Acuerdo de Paz y en los territorios de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET.
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Una investigación de Blu Radio revelaría que altos funcionarios del DNP, la Contraloría, contratistas y congresistas se habrían apropiado del dinero para desarrollar el Acuerdo de Paz en territorios que sufrieron el conflicto armado.
Al parecer, esta investigación halló que terminaron en coimas y sobornos alrededor del 12% de los recursos que aprueba el OCAD Paz. Esta investigación afirma, sin presentar soportes aún, que solo entre junio y diciembre se entregaron 355 proyectos, y la coima por llevarlos a cabo llegaría a los 500 mil millones. Las irregularidades se habrían presentado mientras Luis Alberto Rodríguez, opcionado para dirigir la Contraloría, dirigió la Dirección Nacional de Planeación (DNP).
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Ante estas acusaciones en las que también, aparece señalado el abogado Archila, este manifestó que denunció los casos en los que veía que los dineros estaban en riesgo, “durante todo mi ejercicio invité públicamente por muchos medios, muchas veces a todos a denunciar cualquier acto de corrupción o cualquier irregularidad en los procesos para asegurar principios claros y transparentes”.
Y agregó que “desde por lo menos el primer trimestre del 2021 denuncié, reiteradamente, para que se iniciarán las investigaciones que corresponden por parte de la Fiscalía General, la Procuraduría y también la Contraloría, la Consejería Transparencia y al Departamento Nacional de Planeación, hechos cuyo conocimiento tuve por sendas de comunicaciones que recibí”.
Incluso, el exconsejero detalló como operaban estos funcionarios para pedir sobornos y aceptar proyectos en los municipios PDET.
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“Algunos alcaldes se les cobra una especie de ‘peaje’, pues se les exigía dinero a cambio de que sus proyectos ya presentado a la Secretaría Técnica del Departamento de Planeación obtuvieran los vistos buenos que se exige y fueron puestos a consideración de la estancia decisoria. Si no pagaban no llegaban a esa instancia de fondo en la que yo, junto con representantes de alcaldes y uno los gobernadores, ejercían funciones colegiadamente”.
Por ello, aclaró que “nótese que mis funciones en esa estancia posterior, a la que por lo tanto no habría llegado nunca los proyectos sujetos al ‘peaje’. Y en la estancia decisoria nunca distinguí entre proyectos, voté favorablemente por todos 100% de los que no se pusieron a consideración y cumplían con los requisitos.”
El exconsejero afirmó que pidió apoyo al DNP para que tomaran medidas y se destituyeran a los funcionarios corruptos. En síntesis, afirmó que está dispuesto a entregar y colaborar con toda la información para continuar las investigaciones sobre el destino de estos millonarios recursos.
