Funcionaria que recibió 700 millones de pesos pagará seis años de cárcel

Esta semana fue condenada una exfuncionaria de la Superintendencia de Salud que recibió 700 millones de pesos como dádivas para favorecer a entidades del sector salud. Se trata de Eva Katherine Carrascal Cantillo, exsuperintendente delegada, que deberá cumplir pena de 6 años y 8 meses de prisión; y no podrá volver a ejercer cargos públicos.

La Fiscalía logró poner en evidencia un entramado de corrupción, en el que funcionarios y particulares se apropiaron de recursos públicos de la salud. De estas actividades ilícitas hizo parte Carrascal Cantillo, que se desempeñó en ese cargo entre 2016 y 2018. La investigación demostró que usó el cargo y la información privilegiada que conocía para incidir en decisiones administrativas, a cambio de dádivas.

Según el ente acusador, ella le anticipó al representante legal de una Empresa Prestadora de Salud (EPS) los requisitos y exigencias que se tendrían en cuenta durante una inspección y vigilancia que se iba realizar contra la entidad, ante la crisis financiera que atravesaba y la hacía inviable.

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También asesoró y brindó información a cajas de compensación familiar e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) para que elaboraran y presentaran planes de mejoramiento y de reorganización, de tal manera que superaran el examen de la Supersalud. Además, se estableció que agilizó los trámites de pagos a las EPS y otras entidades territoriales vigiladas.

Parte del dinero que recibió por estos favores fue utilizado para la compra de un apartamento en el norte de Bogotá.

Finalmente, ante la contundencia de las pruebas aportadas y la aceptación de cargos a través de un preacuerdo, un juez penal del circuito de Bogotá la declaró responsable de los delitos de: concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información oficial privilegiada, falsedad en documento privado, y asesoramiento y otras actuaciones ilegales.

Ahora, además de la condena, tendrá que pagar multa de 795 millones de pesos colombianos.