La Fiscalía confirmó este miércoles que imputó a Emilio Tapia Aldana -el cerebro del Carrusel de la Contratación en Bogotá y del robo en Centros Poblado- los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.
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Según el ente acusador, Tapia se habría quedado con $6.182′651.043 de los $70.000 millones que el Gobierno entregó a Centros Poblados para la ejecución del contrato que le llevaría internet a los niños de más de 7000 escuelas.
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Lo que dijo la Fiscalía es que el empresario corrupto contactó a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la Unión Temporal Centros Poblados. Así fue como él “indujo a error a los funcionarios de MinTic que le otorgaron el contrato”, indicó la Fiscalía, acogiendo la postura de la exministra Karen Abudinen, quien aseguró que ella nunca se robó el dinero y que, por el contrario, detuvo el fraude.
Adjudicaron el contrato a otro consorcio
El Gobierno también adjudicó este miércoles a un consorcio el contrato para la conexión de 7.000 escuelas rurales a Internet. El Ministerio de las TIC informó que el nuevo contrato -por cerca de un billón de pesos- fue adjudicado a ETB NET Colombia Conectada, una unión temporal integrada por ETB (Empresa de Teléfonos de Bogotá) y por Skynet.
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En septiembre del año pasado la entonces ministra de Tecnología renunció tras el escándalo de corrupción desatado por las irregularidades en el contrato que fue nuevamente adjudicado, aunque siempre ha sostenido que fue ella la que denunció la corrupción.
Ahora, con este nuevo contrato, se garantizará la instalación de 6.589 Centros Digitales en 567 municipios de 15 departamentos y Bogotá.
