La Segunda División confirmó que desde el pasado 7 de mayo varias tropas del Ejército están retenidas en la base militar de Tibú, en Norte de Santander, por la misma comunidad de campesinos. Los militares habían llegado a la zona para erradicar cultivos de coca, pero un grupo de más de 300 personas lo impidieron.
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El hecho sucedió en la vereda Los Cuervos, perteneciente al municipio de Tibú, y desde entonces los militares permanecen en la unidad sin el suministro del fluido eléctrico y suministro de agua, que los mismos campesinos quitaron.
“Estos civiles de forma amenazante, con palos y armas blancas tipo machete, obligaron al personal a dirigirse hacia la base militar de Caño Indio, área rural de ese municipio, donde les han estado impidiendo salir de la base. Aún en este momento continúan rodeados”, indicó la Segunda División del Ejército en un comunicado.
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Además, en el sector de las Palmas, “otro grupo de aproximadamente 150 civiles pretende conducir a militares y policías hasta la base en mención, con el fin de concentrar al personal de la Fuerza Pública e impedir su movilidad, para lograr el control del área”.
El Ejército recordó que no es la primera vez que se obstruye y detienen las acciones de las autoridades en ese sector y que las tropas no se han enfrentado a la comunidad “para evitar cualquier tipo de confrontación con la población y salvaguardar los derechos humanos”.
Sin embargo, la institución señaló que obstruir las operaciones militares o agredir a los uniformados “puede ser constitutivo de tipos penales, tales como los delitos de asonada, artículo 469 de Código Penal; perturbación de actos oficiales, artículo 430 del Código Penal; secuestro, artículo 168 del Código Penal; violencia contra servidor público, artículo 429 del Código Penal; sabotaje, artículo 199 del Código Penal; daño en obras o elementos de los servicios de comunicaciones, energía y combustibles, artículo 357 del Código Penal, entre otros”.
