A través del Auto 75 del 2022, la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP determinó que 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos contra el partido político Unión Patriótica (UP) entre 1984 y 2016, en hechos en los que están vinculados principalmente paramilitares y agentes estatales, “quienes actuaron de manera masiva, generalizada, sistemática y selectiva contra esta colectividad”.
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De ese total, 5.195 eran militantes de la UP y 538 víctimas que no eran miembros de la Unión Patriótica fueron asesinadas o desaparecidas en hechos de violencia dirigidos en contra de ese partido político.
Los resultados del análisis realizado por la Sala arrojaron que, de las 5.733 víctimas, 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente.
Con base en este análisis, la Sala estableció que la violencia contra la militancia de la UP fue prevalentemente letal, pues aproximadamente dos de cada tres hechos de violencia contra ese partido se concretaron en asesinatos y desapariciones forzadas. Sin embargo, la violencia no letal estuvo lejos de ser marginal. De hecho, la segunda modalidad de victimización más reportada fue el desplazamiento forzado, con 2.217 víctimas.
A partir de estos datos, la Sala identificó que en 32 años de violencia contra militantes de la UP hubo un patrón de violencia sostenida durante 23 años, de 1984 a 2007; “también que hubo picos en los años 1989, 1997 y 2002″, dijo la magistrada Belkis Izquierdo durante la rueda de prensa.
Los hechos victimizantes se concentran en tres periodos: (i) entre 1984 y 1993, con un pico entre febrero de 1988 y enero de 1989; (ii) entre 1994 y 1999, con un pico entre abril de 1996 y marzo de 1997; y (iii) entre 2000 y 2007, con un pico entre julio de 2001 y junio de 2002. Las regiones más afectadas fueron el Ariari-Guayabero, Magdalena Medio, Urabá, Cundinamarca-Sumapaz y Tolima.
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En el proceso de integración y contrastación de fuentes para establecer el universo provisional de hechos y víctimas, la Sala de Reconocimiento analizó siete importantes bases de datos:
1 y 2. Informe de la Fiscalía General de la Nación (más SIJUF, SPOA e información de la Dirección de Justicia Transicional).
3. Información del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
4. Información de la Cancillería junto con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).
5. El Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas (UARIV).
6. Listado que la Sala de Reconocimiento de la JEP construyó con: (i) los datos de víctimas de la UP que viven en el exilio y que participaron en espacios de escucha realizados en conjunto con la Comisión de la Verdad; (ii) la información disponible en las acreditaciones de víctimas; y (iii) la información sistematizada de los expedientes inspeccionados en la fase de instrucción.
7. Informe de la Corporación Reiniciar.
La priorización interna en el caso UP
Con base en el Universo Provisional de Hechos y Víctimas establecido a partir de la integración y depuración de estas bases de datos, a través del auto 075 de 2022, la Sala de Reconocimiento adoptó de manera pública la priorización dentro del caso 06. Esto se suma a la priorización de los casos 03 (Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado) y 07 (Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado), a través de los autos 033 de 2021 y 159 de 2021, respectivamente.
En función de la concentración de los crímenes en períodos temporales y territorios críticos y del potencial ilustrativo de estos hitos espacio-temporales respecto del patrón de macrocriminalidad, la Sala de Reconocimiento decidió concentrar la investigación en las siguientes zonas y periodos:
1. Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, entre 1985 y 1993: son investigados algunos exmiembros de la Brigada XIV del Ejército: el Batallón de Infantería No. 3 Batalla de Bárbula y el Batallón de Infantería No. 42 Batalla de Bomboná.
2. Ariari Guayabero y piedemonte llanero entre 1985 y 1993 y, entre 1999 y 2006: investigaron a comparecientes que pertenecieron al Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas, adscrito a la VII Brigada del Ejército.
3. Cundinamarca y Sumapaz entre 1991 y 2001: investigaron a miembros del Departamento de Policía de Cundinamarca y del Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes, de la Brigada XIII del Ejército.
4. El municipio de Apartadó en Urabá entre abril y diciembre de 1996: indagaron a comparecientes de la Brigada XVII del Ejército:, el Batallón de Infantería No. 47 Francisco de Paula Vélez y el Batallón de Contraguerrilla No. 35. La delimitación espacio-temporal de esta situación de violencia obedece al trabajo conjunto que sobre la región Urabá realizan los despachos que lideran los casos 06 (victimización de la UP) y 04 (caso territorial Urabá). Los crímenes cometidos en contra de militantes de la UP en otros municipios de la región urabaense y/o en otros periodos siguen bajo investigación en el marco del Caso 04.
5. Tolima, entre 2003 y 2006: son investigados algunos exintegrantes de la VI Brigada del Ejército: el Batallón de Infantería No. 16 Patriotas, el Batallón de Infantería No. 17 General Domingo Caicedo, el Batallón de Infantería No. 18 Coronel Jaime Rook, el Batallón de Contraguerrilla No. 6 Pijao; y exmiembros del Departamento de Policía del Tolima.
Participación de agentes del Estado en connivencia con paramilitares
Además de las cinco regiones críticas priorizadas, la Sala identificó un conjunto de hechos ilustrativos de la participación de agentes estatales pertenecientes a los órganos de inteligencia civil y militar en connivencia con grupos paramilitares y oficinas de sicarios que ejecutaron crímenes contra la UP.
Esos hechos no están concentrados en una sola región, sino que ocurrieron mayoritariamente en capitales departamentales durante el primer periodo de victimización. Los comparecientes asociados a estos hechos fueron integrantes del DAS, pertenecientes a la Dirección Nacional, a la Dirección de Orden Público y de Protección y a las seccionales departamentales de Antioquia y Santander. Adicionalmente, la Jurisdicción ha acogido a comparecientes provenientes del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia de la Brigada XX y de las secciones de inteligencia de las Brigadas XIII y XIV del Ejército Nacional.
Al 31 de enero de 2022, el caso 06 cuenta con más de 150 comparecientes con acta de sometimiento ante la JEP o en proceso de solicitud, distribuidos así: 95 de la fuerza pública-Ejército; 22 exmiembros del DAS; y 13 miembros de la Policía Nacional. Adicionalmente, 26 comparecientes hacían parte de otros organismos de inteligencia civil y militar.
Dentro de la investigación realizada por la Sala evidenciaron que los comparecientes que pertenecieron al Departamento de Policía de Cundinamarca y al Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes, de la Brigada XIII del Ejército, participaron en la victimización contra miembros de la UP sin asociarse con grupos criminales. Estos hechos pertenecen a la situación de violencia de Cundinamarca y Sumapaz, entre 1991 y 2001.
Entre tanto, la Sala encontró que en los demás hechos victimizantes agrupados en los períodos y territorios críticos “hubo contribución sistemática de agentes estatales pertenecientes a unidades operativas de la Fuerza Pública, aun cuando la ejecución material de los crímenes corrió por cuenta de grupos paramilitares”.
Acreditación de víctimas
A la fecha, en el caso 06, la Sala de Reconocimiento ha acreditado a 212 víctimas individuales, y a la UP, al Partido Comunista Colombiano (PCC) y al sindicato Sintramienergética, en calidad de sujetos colectivos.
Finalmente, la Sala considera que el caso de violencia en contra de militantes de la UP, a diferencia de otros macrocasos, está “determinado por el hecho de que la totalidad de sus víctimas compartían como característica central el pertenecer, militar o simpatizar” con un partido político.
La Unión Patriótica es un partido político que nació en 1985, producto de los diálogos de paz que se realizaron en Uribe, Meta, entre las antiguas Farc-EP y el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986).
